El 27 de marzo de 2022, el Estado salvadoreño decretó un régimen de excepción en respuesta a un repunte de la violencia homicida vinculada a las pandillas. Esta medida ha suspendido importantes derechos humanos, incluyendo algunos del debido proceso penal.
Este documento, elaborado conjuntamente con Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM), presenta una reflexión critica sobre una de las fases mas importantes del proceso de selección de Ministros/as de la Suprema Corte: la etapa de nominación. Con el análisis de situaciones concretas, muestra evidencia de los impactos que puede tener no prestar atención a su potencial transformador.
En medio del creciente cierre del espacio cívico y el aumento de violaciones a los derechos humanos en diversos países de la región, la sociedad civil organizada enfrenta desafíos sin precedentes.
El 20 de diciembre de 2023, DPLF y el Observatorio Derechos y Justicia (ODJ) presentaron de manera conjunta un memorial de amicus curiae ante el Juzgado Constitucional del distrito metropolitano de Quito, que tramita la Acción de Protección iniciada por el señor José Gabriel Terán Naranjo contra el Consejo de la Judicatura de Ecuador.
El 16 de diciembre de 2023, DPLF, RFK Human Rights y la profesora Claudia Martin sometieron de manera conjunta un memorial de amicus curiae ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estememorial está relacionado en el caso seguido por la jueza Ana Vilma Díaz y Otras contra el Estado de Guatemala.
En este primer informe
El 7 de noviembre de 2023, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Lar
El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Legislativo No. 333, marcando el inicio de un inédito régimen de excepción en El Salvador. Esta medida, propuesta por el presidente Nayib Bukele, se fundamentó en la necesidad de enfrentar una crisis de seguridad interna alimentada durante décadas por la violencia ejercida por maras y pandillas.
Desde entonces, este régimen ha sido prorrogado sucesivamente en más de 15 ocasiones y ha resultado en la detención de más de 71,000 personas. Organizaciones civiles y familiares de personas detenidas han alzado sus voces, denunciando más de 6,400 casos de abusos y graves violaciones a los derechos humanos. Además, se han documentado más de 174 fallecimientos de estas personas bajo custodia estatal. Se han denunciado tortura, arbitrariedad y sufrimiento, incluso en situaciones que involucran a individuos sin vínculos a estas agrupaciones violentas.
El régimen de excepción vino acompañado de una serie de reformas a las leyes penales, las cuales fueron aprobadas con rapidez pocos días después de su implementación. Estas reformas han endurecido penas, reducido o eliminado garantías básicas del proceso penal y, en conjunto, han creado un marco jurídico que puede colocar a las personas detenidas en una posición de indefensión casi absoluta frente al abuso del poder punitivo del Estado.
Así surge (IN)DEBIDO PROCESO, una serie que examina estas reformas desde una perspectiva técnica, a partir de las obligaciones internacionales que el Estado salvadoreño ha aceptado respecto a la presunción de inocencia, la libertad personal, el acceso a la justicia y las garantías judiciales. A través de cuatro informes de análisis, exponemos la incompatibilidad de estas reformas legales con el Derecho Internacional y destacamos los profundos impactos que pueden tener sobre los derechos de las personas. Esta colección también proporciona a los jueces y juezas salvadoreñas elementos jurídicos que les permitan tomar decisiones alineadas con la protección de los derechos humanos y la libertad.
En el marco del régimen de excepción, la detención provisional ahora se dicta sin justificación, con una duración indefinida y sin posibilidad de ser modificada por otras medidas menos lesivas, contraviniendo estándares internacionales. Cuando una detención provisional no cumple con los requisitos contenidos en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho interno, viola el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia.
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Las reformas a las leyes penales sustantivas permiten el aumento de las penas de delitos existentes cuando son cometidos por miembros de agrupaciones ilícitas, incluso duplicándolas. También introducen nuevos delitos, endureciendo el castigo en general. Sin embargo, en algunos casos, estas reformas criminalizan la libertad de expresión, vulneran los derechos de las niñas, niños y adolescentes, o afectan el principio de proporcionalidad de las penas.
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Las reformas reservan la identidad de jueces y juezas y del personal judicial para ciertos casos. La introducción de la figura de "jueces sin rostro” compromete elementos fundamentales como el debido proceso, la independencia e imparcialidad judicial y el principio de publicidad. Sumado a esto, se crearon nuevos juzgados para casos de intervención de telecomunicaciones, así como tribunales contra el crimen organizado, pero se desconoce el proceso y los criterios para designar a quienes los integran, vulnerando la garantía de juez independiente e imparcial.
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Las reformas han modificado el andamiaje procesal penal del país para facilitar la aplicación del régimen de excepción. La aplicación de dichas reformas vulnera los derechos al debido proceso, a la defensa y a la presunción de miles de personas que se enfrenta diariamente al sistema penal salvadoreño. Asimismo, junto con las reformas se ha introducido prácticas violatorias también de los derechos humanos relacionados con el debido proceso.
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