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La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, de la cual DPLF forma parte, es una coalición de 76 organizaciones de la sociedad civil en Bolivia, cuyo objetivo es promover un sistema de justicia accesible, plural, participativo, transparente, independiente, con enfoque de género, derechos humanos, restaurativo y debido proceso.
Desde 2018, la Plataforma Ciudadana ha promovido informes sobre el estado de la justicia en Bolivia como parte de un ejercicio de monitoreo ciudadano al sistema de justicia. Estos informes se difunden junto con los informes de gestión de las instituciones involucradas en el sector de la justicia, como el Órgano Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.
La quinta edición del informe, correspondiente a 2022, se divide en varios capítulos. El primer capítulo aborda los avances en el proceso de verdad, justicia y reparación durante 2022, incluyendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Flores Bedregal vs. Bolivia y el acuerdo con las víctimas de la dictadura. También analiza la implementación de las recomendaciones del GIEI-Bolivia a través de la Mesa de Seguimiento.
El segundo capítulo se dedica a la situación de la administración de justicia en 2022, destacando nuevamente la falta de información oficial de las instituciones del sector de justicia. El tercer capítulo se centra en los intentos de reforma en relación con la independencia judicial, analizando informes de relatores especiales de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El último capítulo aborda el acceso a la justicia de grupos vulnerables, como personas LGBTI, pueblos indígenas y personas privadas de libertad, con énfasis en las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia sexual. El informe cuenta con la contribución de diversas organizaciones y se ha elaborado para proporcionar información a la población boliviana y a las autoridades del sistema de justicia con el objetivo de avanzar en la política pública y el proceso de transformación del sistema en beneficio de la población.
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