La transparencia es una condición fundamental para la independencia judicial. Las condiciones para la actuación independiente de los jueces deben poder ser comprobadas por los ciudadanos, accediendo a información relevante –de tipo jurisdiccional y administrativo- sobre el funcionamiento del Poder Judicial.
En los poderes judiciales en América Latina, todavía existe gran dificultad para acceder a información importante sobre las decisiones judiciales y la gestión administrativa de la judicatura. Esta opacidad permite que el tráfico de influencias y corrupción afecten la administración de justicia y promueve actuaciones arbitrarias.
En DPLF, creemos que las entidades que conforman los sistemas de justicia, tienen la obligación de difundir, por sí mismos, la información más importante sobre su administración interna. Relevantes datos financieros, como los presupuestos, las contrataciones y las retribuciones de todos sus funcionarios, tienen que estar disponibles al público. Otro aspecto de gran importancia, es el manejo de sus recursos humanos y materiales –sobre todo cuando ello afecta la carrera judicial (selección, nombramiento, ascenso y procesos disciplinarios de los jueces). Además, es aconsejable que todos los jueces y funcionarios hagan declaraciones juradas de sus bienes e ingresos y los de sus familiares cercanos, con cierta periodicidad. Toda esta información debe ser suficientemente detallada y debe ser publicada de una manera entendible.
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