En medio del creciente cierre del espacio cívico y el aumento de violaciones a los derechos humanos en diversos países de la región, la sociedad civil organizada enfrenta desafíos sin precedentes.
El 20 de diciembre de 2023, DPLF y el Observatorio Derechos y Justicia (ODJ) presentaron de manera conjunta un memorial de amicus curiae ante el Juzgado Constitucional del distrito metropolitano de Quito, que tramita la Acción de Protección iniciada por el señor José Gabriel Terán Naranjo contra el Consejo de la Judicatura de Ecuador.
El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Legislativo No. 333, marcando el inicio de un inédito régimen de excepción en El Salvador. Esta medida, propuesta por el presidente Nayib Bukele, se fundamentó en la necesidad de enfrentar una crisis de seguridad interna alimentada durante décadas por la violencia ejercida por maras y pandillas.
Desde entonces, este régimen ha sido prorrogado sucesivamente en más de 15 ocasiones y ha resultado en la detención de más de 71,000 personas. Organizaciones civiles y familiares de personas detenidas han alzado sus voces, denunciando más de 6,400 casos de abusos y graves violaciones a los derechos humanos. Además, se han documentado más de 174 fallecimientos de estas personas bajo custodia estatal. Se han denunciado tortura, arbitrariedad y sufrimiento, incluso en situaciones que involucran a individuos sin vínculos a estas agrupaciones violentas.
El régimen de excepción vino acompañado de una serie de reformas a las leyes penales, las cuales fueron aprobadas con rapidez pocos días después de su implementación. Estas reformas han endurecido penas, reducido o eliminado garantías básicas del proceso penal y, en conjunto, han creado un marco jurídico que puede colocar a las personas detenidas en una posición de indefensión casi absoluta frente al abuso del poder punitivo del Estado.
Así surge (IN)DEBIDO PROCESO, una serie que examina estas reformas desde una perspectiva técnica, a partir de las obligaciones internacionales que el Estado salvadoreño ha aceptado respecto a la presunción de inocencia, la libertad personal, el acceso a la justicia y las garantías judiciales. A través de cuatro informes de análisis, exponemos la incompatibilidad de estas reformas legales con el Derecho Internacional y destacamos los profundos impactos que pueden tener sobre los derechos de las personas. Esta colección también proporciona a los jueces y juezas salvadoreñas elementos jurídicos que les permitan tomar decisiones alineadas con la protección de los derechos humanos y la libertad.
En el marco del régimen de excepción, la detención provisional ahora se dicta sin justificación, con una duración indefinida y sin posibilidad de ser modificada por otras medidas menos lesivas, contraviniendo estándares internacionales. Cuando una detención provisional no cumple con los requisitos contenidos en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho interno, viola el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia.
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Las reformas a las leyes penales sustantivas permiten el aumento de las penas de delitos existentes cuando son cometidos por miembros de agrupaciones ilícitas, incluso duplicándolas. También introducen nuevos delitos, endureciendo el castigo en general. Sin embargo, en algunos casos, estas reformas criminalizan la libertad de expresión, vulneran los derechos de las niñas, niños y adolescentes, o afectan el principio de proporcionalidad de las penas.
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Las reformas reservan la identidad de jueces y juezas y del personal judicial para ciertos casos. La introducción de la figura de "jueces sin rostro” compromete elementos fundamentales como el debido proceso, la independencia e imparcialidad judicial y el principio de publicidad. Sumado a esto, se crearon nuevos juzgados para casos de intervención de telecomunicaciones, así como tribunales contra el crimen organizado, pero se desconoce el proceso y los criterios para designar a quienes los integran, vulnerando la garantía de juez independiente e imparcial.
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Las reformas han modificado el andamiaje procesal penal del país para facilitar la aplicación del régimen de excepción. La aplicación de dichas reformas vulnera los derechos al debido proceso, a la defensa y a la presunción de miles de personas que se enfrenta diariamente al sistema penal salvadoreño. Asimismo, junto con las reformas se ha introducido prácticas violatorias también de los derechos humanos relacionados con el debido proceso.
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La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, como articulación integrada por 17 instituciones de la sociedad civil, viene desarrollando un proceso de veeduría ciudadana a la convocatoria y designación de la nueva autoridad para a Defensoría del Pueblo en Bolivia, que inició formalmente el 17 de marzo de 2022 y se extenderá hasta el próximo 6 de mayo cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de dos tercios de votos, designe a la nueva autoridad. El presente informe tiene
En el curso de 2015 se debe producir en México la selección y designación de tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, compuesta por once integrantes, es la cabeza del Poder Judicial de la Federación.
Este informe analiza procesos disciplinarios de magistrados en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de Perú del 2009 al 2013.
El buen funcionamiento del sistema de justicia es un elemento esencial para la existencia de una democracia efectiva en la que existe una relación de pesos y contrapesos entre poderes y se respeta el Estado de derecho.
La independencia y la transparencia judicial no van de la mano en Centroamérica. Ésta es la primera conclusión que podemos sacar del presente estudio. La segunda es que existe una brecha considerable entre el marco normativo y su efectividad, lo cual se hace notar, sobre todo, en torno a la independencia judicial: aunque existe un marco legal para garantizarla, esta garantía no se cumple en la práctica.
El 2012 fue un año difícil para la independencia judicial en América Latina. Diversos acontecimientos evidenciaron la injerencia indebida de los poderes ejecutivo y legislativo en la labor de los jueces y los tribunales de la región. Por el creciente rol que viene desempeñando la justicia constitucional, los ataques a las salas o cortes constitucionales, especialmente en Centroamérica, fueron los más evidentes.
