Recientemente varios países de América Latina, especialmente en el cono sur, han iniciado procesos que implican profundas reformas en sus constituciones. El papel del poder judicial durante esos procesos de reforma resulta crucial, dada la necesidad de contar con un poder independiente que pueda controlar la legalidad de esos procesos. Es por esta razón que en DPLF hemos decidido dedicar éste número y los siguientes de AportesDPLF para comentar sobre la situación de los poderes judiciales de Bolivia, Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela, comenzando por este último país.
DPLF considera que una excelente manera de evaluar la independencia e imparcialidad de un poder judicial es observando su desempeño en casos de alto contenido político. Por esa razón, en esta oportunidad incluimos una breve nota de Francisco Cox Vial quien colaboró en la elaboración de un informe que DPLF publicó recientemente sobre la administración de justicia en Venezuela analizada a partir de la observación de un juicio. Por su lado, José Zeitune, Consejero Jurídico para América Latina de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra), expone sobre la situación de la justicia en Venezuela a partir de una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, para señalar algunas de las principales debilidades de la justicia venezolana, reproducimos algunas de las conclusiones del informe elaborado por Human Rights Watch titulado “Una década de Chávez: intolerancia política y oportunidades perdidas para el progreso de los derechos humanos en Venezuela”, publicado en septiembre de 2008.
En relación con otros temas ya no vinculados a un país determinado, en este número recogemos las principales conclusiones de un informe en el que DPLF tuvo activa participación y que fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con ocasión de una audiencia temática sobre barreras para el acceso a la justicia en América Latina. El artículo fue preparado por Javier La Rosa, coordinador del área de acceso a la justicia del Instituto de Defensa Legal (Perú), quienes conjuntamente con DPLF, el Centro de Estudios sobre Justicia y Participación – CEJIP (Bolivia), el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas – CEDHAPI (Oaxaca, México) y el Centro de Derechos Humanos en las Américas de la Universidad De Paul (Chicago) solicitaron la audiencia temática ante la CIDH, que se llevo a cabo en octubre de 2008.
Esperamos que la revista sea un aporte a la discusión por la mejora de los sistemas de justicia en la región y como siempre, esperamos sus comentarios. — Eduardo Bentoni, Director Ejecutivo
