En 2016, la Sala Constitucional (de la Corte Suprema de Justicia) anuló la Ley de Amnistía General para los perpetradores de violaciones de derechos humanos durante la guerra, que había estado en vigor desde 1993. Este fallo fue un gran avance, tras décadas de reclamos y litigio por parte de las víctimas del conflicto armado salvadoreño, que brindó una oportunidad sin precedentes para que el país emprendiera un nuevo camino hacia la verdad y la justicia. Sin embargo, ahora que algunas investigaciones penales por crímenes pasados empiezan a avanzar, muchos legisladores parecen querer repetir la sórdida historia de injusticia en El Salvador.
Con la Asamblea Legislativa controlada por los sectores responsables de las mismas violaciones de los derechos humanos que tienen el deber de abordar, no es de extrañar que se fabricara otra Ley de Amnistía general que resultaría en la impunidad de los sospechosos de cometer graves crímenes durante la guerra civil, pese a que este tipo de amnistías están claramente prohibidas por el derecho internacional y por la sentencia de la Sala de 2016. Sin embargo, los reclamos articulados de las organizaciones de la sociedad civil, las víctimas, y la comunidad internacional de derechos humanos, impidieron que esta nueva amnistía se aprobara.
Aunque esta es una batalla ganada, la lucha está lejos de terminar. La comunidad nacional e internacional debe mantener un escrutinio de la legislatura para asegurar el cumplimiento del fallo de constitucional de 2016 y la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de mayo de 2019, que insiste en la prohibición de amnistías amplias y mandata que cualquier ley que afecte derechos de las victimas debe consultarse con las mismas.
Una nueva oportunidad: la Sala Constitucional derriba la amnistía de 1993
En 1993, sólo cinco días después de que la Comisión de la Verdad auspiciada por la ONU publicará su reporte que documentaba las decenas de miles de graves abusos a los derechos humanos perpetrados durante los doce años de conflicto armado en El Salvador, la legislatura aprobó una ley de amnistía que garantizaba la impunidad de los perpetradores en ambos lados del conflicto. Esto permitió la permanencia en el poder político de personas implicadas en atrocidades de la guerra, impidiendo que las víctimas y sus familias obtuvieran justicia y reparaciones. Finalmente, el movimiento de derechos humanos y las víctimas del conflicto obtuvieron una gran victoria, después de 30 años de lidiar con el dolor y luchar por el reconocimiento de lo ocurrido: en una sentencia de 2016, la Sala Constitucional estableció que la amnistía de 1993 era inconstitucional, y por tanto inválida, porque violaba los derechos de acceso a la justicia y a la protección judicial, y ordenó a la Asamblea legislar en materia de acceso a archivos y reparaciones. En los años siguientes, el litigio impulsado por sociedad civil logró que se reabrieran algunos casos y que empezaran a avanzar, especialmente el de la masacre de El Mozote y el del asesinato del arzobispo Oscar Romero.
A pesar de ese fallo histórico, el gobierno y otros sectores políticos le dieron largas al cumplimiento de lo que les mandaba la Sala Constitucional. Durante 2017, la sociedad civil aumentó la presión a través de varias acciones, entre ellas, una coalición emergente de organizaciones de derechos humanos de larga trayectoria y grupos de víctimas, que más tarde se convertiría en la Mesa contra la Impunidad, presentó al gobierno una agenda de 25 puntos pendientes para una agenda de justicia transicional, en el 25 aniversario de los Acuerdos de Paz. En agosto de ese año, la Mesa y otro colectivo, el Grupo Gestor, asesorados por DPLF, propusieron la “Ley Integral de Reparación de Víctimas del Conflicto Armado,” que en consonancia con la decisión de la Sala de 2016, previa la creación de un fondo y programas, un registro de víctimas, servicios psicosociales e iniciativas de memoria histórica. La legislatura engavetó esta propuesta hasta que la sociedad civil la actualizó en 2019.
En 2018, la Sala Constitucional realizó audiencias de seguimiento a su decisión de 2016, con activa participación de sociedad civil. Sabiendo que debía rendir cuentas ante la Sala, apenas horas antes de la última audiencia, la Asamblea formó una subcomisión "ad hoc" para redactar una ley que se supone seguiría los lineamientos de la Sala y el derecho. Pronto esta subcomisión fue criticada por su falta de imparcialidad: cuatro de sus cinco miembros tenían señalamientos de cometer, ordenar o encubrir violaciones de derechos humanos durante la guerra civil, y uno de ellos había sido el arquitecto principal de la cuestionada Ley de Amnistía de 1993. Inmediatamente, la Mesa Contra la Impunidad solicitó al Tribunal de Ética Gubernamental, una institución que vela porque los funcionarios cumplan con normas de transparencia, que decidiera sobre el conflicto de intereses inherente en permitir que aquellos que podrían ser procesados por violaciones de derechos humanos bajo esta ley, la redactaran. La petición fue rechazada en noviembre de 2018, y la apelación aún no se ha resuelto.
Creando una nueva Ley de Amnistía
En diciembre de 2018, los legisladores afirmaron que no estaban intentando aprobar otra ley de amnistía. Sin embargo, el 19 de febrero de 2019 el diputado Rodolfo Parker presentó el primer borrador de la “Ley de Justicia Transitoria y Restaurativa para la Reconciliación Nacional propuesta por el subcomisión”. Esta propuesta de nueva cuenta se definía como una amnistía “amplia, absoluta e incondicional” para los delitos cometidos durante la guerra civil. Más adelante excluía su aplicación a crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero inmediatamente señalaba que las sanciones para tales delitos serían servicio comunitario, a pesar de la gravedad del daño causado. Además, la legislación indicaba que el informe de la Comisión de la Verdad era inadmisible como prueba en cualquier tribunal, y prohibía la extradición de cualquier salvadoreño acusado de delitos relacionados con el conflicto armado para un juicio internacional.
La Subcomisión justificó la ley argumentando que la investigación y el enjuiciamiento de los abusos contra los derechos humanos solo reabrirían "viejas heridas" e impedirían el proceso de reconciliación. La Mesa Contra la Impunidad emitió una declaración conjunta en la que describía cómo esta propuesta violaba las leyes tanto nacionales como internacionales, y recomendó el retiro de esta propuesta y la disolución de la subcomisión “Ad Hoc”.
La condena internacional no se hizo esperar. El 6 de marzo de 2019, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a la Asamblea que rechazara esta propuesta porque "violaría el derecho de las víctimas a la justicia y la reparación". El Diputado Parker reaccionó desacreditando el pronunciamiento por ser una "crítica infundada", pero al mismo tiempo se retiró de la Subcomisión que se disolvió poco después.
El 8 de marzo de 2019, 180 académicos firmaron una carta pidiendo a los legisladores que reconsideraran la propuesta, advirtiendo sobre los peligros de la "impunidad para los poderosos" y la "consolidación del proyecto democrático por el cual los salvadoreños se han sacrificado tanto”. Le siguieron otras expresiones de rechazo, incluyendo una carta pública de víctimas de la guerra salvadoreño estadounidenses.
La ‘Amnistía Express’ se viene abajo
Desafortunadamente, la protesta nacional e internacional no disuadió a la legislatura. El 14 de mayo, una nueva Subcomisión consideró un proyecto de ley casi idéntico al de la anterior Subcomisión “Ad-Hoc”. Esta subcomisión tampoco tomó en cuenta a las víctimas, mientras que hacía públicas sus consultas con abogados afines a los sectores que mantienen la impunidad. Así comenzó una carrera para aprobar la ley antes de que la nueva administración asumiera el cargo el 1 de junio . El entonces presidente electo Nayib Bukele, manifestaba su oposición a las amnistías generales ese día a través de Twitter. Rápidamente, la sociedad civil salvadoreña y los actores internacionales denunciaron la decisión de los líderes legislativos de permitir un procedimiento apresurado para aprobar un proyecto de ley tan importante: WOLA, CEJIL, el Relator Especial sobre la Promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, la CIDH, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y el Arzobispo de la Iglesia Católica de El Salvador, se manifestaron públicamente en la semana siguiente denunciando la propuesta, mientras que los grupos de la sociedad civil organizaron una marcha pacífica en las afuera de la Asamblea el 16 de mayo.
Los miembros de Mesa Contra la Impunidad prepararon otra propuesta de ley para que el Subcomité la considerara. Esta propuesta había sido ampliamente consultada con las víctimas y sus comunidades, un proceso que la legislatura se negó a emprender. Finalmente, el 21 de mayo de 2019, presentaron la "Ley especial para reparaciones integrales y acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado", que actualizada la versión de 2017. Fueron recibidos con hostilidad y excusas de los legisladores presentes. En contraste con la propuesta legislativa, el proyecto de ley de la Mesa permite el enjuiciamiento y el castigo tanto de los perpetradores directos como de los autores intelectuales de violaciones graves de los derechos humanos, el uso de como evidencia de la información de la Comisión de la Verdad, y un catálogo de reparaciones. Las protestas de las víctimas ante la Asamblea continuaron hasta el día 23 de mayo, cuando la coalición multipartidista que apoyaba la aprobación de una nueva amnistía se desarticuló en el último momento.
Apenas unas horas después, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una decisión que ordenaba a la legislatura abstenerse de aprobar cualquier ley de amnistía general, considerada por la Corte como un riesgo grave y urgente de daño irreparable al derecho de acceso a la justicia. Actuando bajo la supervisión de una sentencia de 2012 que atribuye la responsabilidad al Estado por la masacre de El Mozote, la Corte aprobó la solicitud de CEJIL de medidas provisionales para proteger los derechos de las víctimas a la justicia, prohibiendo otra votación sobre la amnistía general y demandando que cualquier legislación adicional sobre justicia transicional se debe someter a un extenso proceso de consulta con las víctimas. La aprobación se detuvo, pero el futuro es incierto.
El 24 de mayo, más de 50 organizaciones internacionales y expertos inependientes emitieron una declaración instando a cumplir con la decisión de la Sala de 2016 y la de la Corte.
¿Qué viene?
Nayib Bukele asumió el cargo de Presidente de la República, el pasado 1 de junio, sin una nueva ley de amnistía aprobada por la Asamblea Legislativa, lo que significa que su gobierno inicia con un clima político relativamente favorable para avanzar en la agenda de verdad, justicia y reparaciones integrales. Sin embargo, la presión nacional e internacional, debe continuar hacia el Presidente, el Fiscal General y la Asamblea, no solo para que dejen de lado cualquier otro intento de amnistía, sino también para que tomen acciones decididas en favor del avance de las investigaciones por crímenes graves cometidos en la guerra.
Además, para cumplir con la decisión de la Corte Interamericana, la Asamblea Legislativa, como parte del Estado de El Salvador, debe llevar a cabo consultas serias con las víctimas y sus familias para conocer y comprender sus necesidades y la mejor forma de que tengan algún alivio por lo sufrido en la guerra, para preservar la memoria de sus seres queridos y prevenir la repetición de tales atrocidades.
Por otro lado, el que no exista una Ley de Amnistía amplia no garantiza per se la justicia en la práctica: los juicios que contribuyan a una reconciliación real requieren de voluntad constante y recursos suficientes de todas las ramas del Estado.
A pesar de los desafíos que se avecinan, la sociedad civil y las víctimas demostraron su compromiso con la búsqueda de la justicia y su capacidad para construir una plataforma nacional e internacional sobre el gobierno a favor de que se respeten los derechos humanos, incluso en contra de los intereses de quienes tienen poder político. Sin embargo, aún hay mucho por hacer; se necesita de la participación activa de todos los sectores de la sociedad salvadoreña para sostener el esfuerzo y prevenir más impunidad.