El jueves 14 de agosto de 2014, DPLF y la Alianza Ciudadana Pro Justicia abordaron los problemas del sistema de justicia en Panamá en una audiencia temática durante el período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrado por primera vez en 15 años fuera de la sede ordinaria de Washington, D.C. El 152 período de sesiones tuvo lugar en la Ciudad de México y fue dedicado a abordar la situación general de los derechos humanos en los países centroamericanos.
En la audiencia sobre Panamá, DPLF y la Alianza Ciudadana profundizaron sobre la falta de un marco adecuado para la independencia judicial en Panamá, por la ausencia de una ley de carrera judicial. Un proyecto de ley ha estado estancado en la Asamblea Legislativa desde el año 2005. Por esta situación, los procesos de nombramiento, ascenso y disciplina de jueces no cuentan con la regulación adecuada. Como consecuencia, hay un amplio margen de discrecionalidad en los nombramientos de los operadores de justicia, y hay un número muy alto de jueces que sólo cuentan con nombramientos interinos -de un universo de más de 1,600 funcionarios judiciales, aproximadamente 642 jueces son interinos-.
Otro hecho grave es la falta de regulación alguna sobre el nombramiento de altas autoridades judiciales –tales como magistradas y magistrados de la Corte Suprema, y Procurador(a) de la Nación-. De igual manera, hay una falta de mecanismos que garanticen la independencia de los jueces, particularmente de las presiones e injerencias de sus superiores jerárquicos. DPLF y la Alianza Ciudadana también abordaron la impunidad generada por la excesiva demora en los procedimientos judiciales, y por el otorgamiento de indultos, el pasado 30 de junio de 2014, por el ex Presidente Martinelli a, entre otros, violadores de derechos humanos. Estos indultos exoneraron a más de 336 personas –de quienes algunos ni siquiera habían sido condenados-.
La CIDH expresó, tanto en la audiencia como en su comunicado final su preocupación en torno a la situación del sistema de justicia y estos indultos que propiciaron la impunidad y dejaron a víctimas en un estado de indefensión.
Horas después de la audiencia temática ante la CIDH, el gobierno panameño decidió revocar los indultos otorgados por delitos no-políticos. DPLF aplaude esta decisión, y valora la apertura del gobierno panameño por las preocupaciones expresadas por DPLF y la Alianza Ciudadana Pro Justicia ante la CIDH. Esperamos que el gobierno actuará con similar celeridad para la adopción de una ley de carrera judicial y la regulación de los procesos de selección de autoridades judiciales, que fueron señalados como temas de preocupación por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Vea más información sobre la situación de independencia y transparencia judiciales en Panamá. Vea el informe comparativo regional y las conclusiones y recomendaciones de todos los países centroamericanos.
- Vea la presentación de DPLF y Alianza Ciudadana aquí.
- Vea artículo de "La Prensa" sobre esta audiencia.
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