Sabemos que la pregunta que titula este número levantará algunas cejas en América Latina, tanto dentro como fuera de los poderes judiciales.Algunas respuestas levantarán muchas más. La discusión, sin embargo, es necesaria y por ello hemos decidido hacer girar en torno a ella este número de AportesDPLF, que nos complacemos en presentar.
Las ventajas del control “externo” de los jueces, en el que la sociedad civil constituye un factor muy importante, no son unánimemente bien recibidas. Hay quienes sostienen que a fin de mantener incólume la independencia judicial, el mejor control posible de los jueces es el que proviene desde dentro del poder judicial. Sin embargo, los estudios que venimos practicando en DPLF demuestran serias deficiencias en los órganos de control interno, por lo que creemos que la cuestión no se debe plantear en términos de “control externo vs. control interno” como si fuesen mutuamente excluyentes sino, antes bien, de plantear un balance entre ambos controles.
En este número de AportesDPLF, el Dr. José Ugaz, ex–Procurador Anti–corrupción del Perú plantea esa cuestión en términos similares. Sin embargo, agrega que también la prensa puede desempeñar un papel muy importante dando publicidad a situaciones irregulares. El trabajo serio y responsable de la prensa sin duda actúa como un disuasivo de conductas corruptas por parte de cualquiera de los órganos del Estado, incluido el poder judicial.
El Presidente de la Corte Suprema del Perú, el Dr. Francisco Távara, explica el mecanismo de control interno creado en su país, el cual incluye la participación de la sociedad civil. Resulta por demás interesante el comentario del Dr.Távara sobre las críticas recibidas justamente por permitir ese tipo de participación. Por su lado, el Dr. Ricardo Lorenzetti, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, explica algunas políticas de transparencia del máximo tribunal argentino como garantías para el control ciudadano. Finalmente,Victoria Jennett, de Transparency International, resume los problemas principales que se vinculan con la corrupción en el poder judicial, considerando que la sociedad civil tiene un importante papel que cumplir en controlar las políticas gubernamentales para afrontar esos problemas.
El control externo de la actividad de los jueces aumenta la legitimidad de sus quehaceres, y esto a su vez se constituye en un respaldo a su independencia. Como hemos dicho recientemente en un artículo publicado en Panamá al momento de iniciarse la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA)1 , la politización de la justicia es tan nociva como la judicialización de la política y ambas cosas se evitan con poderes judiciales fuertes e independientes. Por eso instamos a los estados reunidos en la Asamblea General a que asumieran compromisos concretos y serios tendientes a establecer sistemas de gobiernos donde los pesos y contrapesos se fortalezcan. No obstante, también creemos que el control externo proveniente de distintos actores de la sociedad civil es fundamental para fortalecer la independencia judicial.
No podemos ocultar nuestra inmensa satisfacción porque dos presidentes de supremas cortes (Argentina y Perú) hayan aceptado escribir para este número. Nuestro más sincero agradecimiento a ellos y al resto de los autores que colaboraron con este ejemplar. Por supuesto, una vez más, nuestro agradecimiento a la Fundación Open Society Institute por hacer posible esta publicación. — Eduardo Betoni, Director Ejecutivo, DPLF
