Washington, D.C.—Un nuevo informe, publicado el día de hoy por los grupos de incidencia la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la Fundación para el Debido Proceso(DPLF), detalla cómo la creación de una Fiscalía General de la República que sea autónoma es fundamental para fortalecer el problemático sistema de justicia penal de México. La nueva institución reemplazará a la actual Procuraduría de la República (PGR). La falta de independencia de la PGR respecto del poder Ejecutivo explica en parte su incapacidad para contener el aumento de delitos y la violencia, y también ha afectado su capacidad para mantener el Estado de derecho y llamar a rendir cuentas a funcionarios corruptos. A propósito de los próximos debates presidenciales, es importante tener en cuenta que la creación de esta nueva institución será uno de los retos más importantes del siguiente presidente de México.
“Si los políticos mexicanos verdaderamente quieren terminar con la corrupción e impunidad, deben acabar también con la injerencia política en investigaciones penales y crear una Fiscalía autónoma y fuerte”, dijo Ximena Suárez, Subdirectora para México de WOLA, y autora principal del informe. “Por más de una década, México ha intentado contener la violencia e inseguridad con la presencia de los soldados en las calles, y aun así el año pasado se registraron niveles récord de violencia. En vez de depender del uso de la fuerza, México necesita soluciones integrales que fortalezcan el Estado de derecho y que traigan justicia, paz y verdad a los ciudadanos. Una nueva Fiscalía autónoma es fundamental para ello”.
El informe publicado hoy, titulado “Una Fiscalía que sirva en México: La ruta para terminar con los pactos de impunidad y la corrupción en el país”, describe los esfuerzos para crear una nueva e independiente Fiscalía en México, y puntualiza medidas adicionales que legisladores mexicanos deben tomar para establecer formalmente esta institución y para asegurarse que las malas prácticas que han caracterizado al PGR no sean transferidas a la nueva institución. Grupos de derechos humanos y de anticorrupción apoyaron la reforma constitucional del 2014 que creó la Fiscalía autónoma al ser un paso importante hacia mejores de investigaciones penales. Sin embargo, se requieren reformas adicionales para asegurar que esta nueva Fiscalía sea efectiva y libre de influencia y manipulación política.
“La autonomía de las fiscalías es fundamental para mejorar el Estado de derecho en América Latina. Actualmente la PGR responde al poder Ejecutivo, por lo que nunca ha estado totalmente libre de interferencia política en investigaciones penales sensibles. Es por eso que tener una Fiscalía totalmente autónoma es crucial para la lucha contra la impunidad en México”, dijo Úrsula Indacochea, Oficial de Programa Sénior del Programa de Independencia Judicial de DPLF, y co-autora del informe.
El nuevo informe recomienda varias acciones para asegurar que la nueva Fiscalía, cuando esté implementada, sea verdaderamente autónoma. Esto incluye evitar el “pase automático” del personal de la PGR a la Fiscalía sin antes haber evaluado sus capacidades e haber investigado su participación en actos ilegales, como la manipulación de evidencia, la violación de los derechos de personas detenidas o la obstrucción de la justicia en casos que involucran a élites políticas y económicas poderosas. El Congreso de México también debe establecer un procedimiento transparente y público que permita la participación de la sociedad civil en el proceso de selección del primer fiscal general del país, quien liderará la Fiscalía y manejará la investigación y persecución de crímenes federales.
“Por demasiado tiempo, las élites poderosas en México han podido manipular investigaciones de la Procuraduría General de la República para protegerse a sí mismos y a sus aliados”, dijo Suárez. “Hoy, México se encuentra en un momento crucial. Con una nueva Fiscalía, verdaderamente autónoma, se puede poner fin a los pactos de impunidad en el país, y dar cabida a la verdad, justicia y rendición de cuentas en una sociedad frustrada por el constante fracaso del sistema de justicia penal para investigar delitos, incluyendo violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción”.
Consulte el informe completo aquí.