El presente informe responde a una guía metodológica elaborada por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) que buscó aplicar al Poder Judicial nicaragüense un conjunto de indicadores para medir su independencia y transparencia.
Nicaragua ha vivido en los últimos años, primero, una etapa marcada por los conflictos políticos que han impactado, con una serie de luchas internas, sobre los poderes del Estado y, luego, una etapa en la que las políticas apuntan a la permanencia en el poder de los cuadros pertenecientes al partido de gobierno. A esta realidad no escapa la judicatura, que se encuentra invadida por el clientelismo político y la influencia de otros poderes, hechos que han dañado notablemente su independencia y han generado en la ciudadanía una percepción negativa acerca de su actuación.
El Poder Judicial se ha visto afectado por los pactos políticos que generaron, entre otros resultados, una repartición de cargos entre las dos principales fuerzas políticas. Finalmente, el Decreto 03/10 determinó qué funcionarios, incluyendo a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), podían permanecer en sus cargos a pesar de que sus mandatos habían vencido.
La utilización del órgano jurisdiccional como un mecanismo de control social distorsionado, del cual hace uso el partido de gobierno en contra de sus opositores —políticos y organizaciones de la sociedad civil, entre otros sectores— es una de las consecuencias más notables del deterioro de la institucionalidad.
En ese contexto, los temas de independencia y transparencia del Poder Judicial se vuelven especialmente relevantes, en tanto parte medular de los principios que deben regir los órganos jurisdiccionales a los que corresponde, por mandato constitucional, la administración de justicia. Para la realización de este informe se emplearon las siguientes fuentes: a) entrevistas a abogados litigantes y jueces; b) normativa jurídica que regula el funcionamiento del Poder Judicial; c) Presupuesto General de la República asignado a la CSJ e informes de liquidación presupuestaria; d) informes generados por organismos de la sociedad civil que evalúan la actuación del Poder Judicial; y e) revisión de los sitios institucionales de la CSJ y de la Contraloría General de la República. En total, fueron entrevistados 15 abogados, de las áreas penal, civil, administrativa y laboral, ocho hombres y siete mujeres. Dadas las dificultades que se encontró en el trabajo de campo, sólo se pudo entrevistar a dos jueces, que solicitaron el anonimato.
Consulte la publicación aquí.
