Si hay una característica central en el procedimiento de selección del Fiscal General en El Salvador, es su ausencia de regulación específica. Ni la Constitución, ni la legislación orgánica, ni tampoco la reglamentación interna aplicable, parecen haberle prestado demasiada importancia a esta designación, al punto que se le exige el mismo perfil que para ser magistrado de segunda instancia.
Ello contrasta con los enormes desafíos que la Fiscalía salvadoreña debe enfrentar: una deuda histórica de justicia con los casos del pasado y la dimensión de una corrupción transversal que toca, por lo menos, a dos gestiones presidenciales. La violencia en razón del género, y la criminalización de las mujeres, es uno de los principales problemas de derechos humanos del país, mientras que la implementación de una política de “mano dura” como una estrategia para mantener la seguridad ciudadana y enfrentar la violencia, ya ha cobrado múltiples víctimas por abuso de la fuerza.
En el presente informe, DPLF realiza un análisis técnico del procedimiento para elegir al Fiscal General en El Salvador, sobre la base de los estándares internacionales sobre elección de altas autoridades de justicia y sobre la autonomía de los fiscales y las fiscalías, y formulamos algunas recomendaciones para su mejora.
Asimismo, el informe contiene recomendaciones específicas referidas a la posibilidad de reelección del Fiscal General, que está prevista en el ordenamiento jurídico salvadoreño.
Puedes revisar el informe completo aquí.