Entre agosto del 2022 y febrero del 2023, Honduras estuvo inmerso en el proceso de selección de una nueva Corte Suprema de Justicia. Este proceso fue uno de los más observados y seguidos de cerca por la comunidad nacional e internacional puesto que se buscaba promover la selección de magistraturas con base en el respeto de los estándares internacionales y las buenas prácticas en materia de transparencia e independencia judicial. Es así como, junto con el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) y Abogados sin fronteras Canadá (ASFC), constituimos una alianza que observó de cerca todo el proceso de selección de la nueva Corte de este país.
En nuestro primer informe, compartimos las valoraciones y el análisis de las etapas de juramentación, organización y funcionamiento de la Junta Nominadora, hasta la convocatoria a las y los abogados para sus postulaciones. Asimismo, en continuidad con nuestras acciones y labor de observación, presentamos el Informe final de veeduría del proceso de elección y selección de magistrados/as de la Corte Suprema de Justicia de Honduras: lecciones aprendidas y recomendaciones para futuros procesos de elección de altos funcionarios públicos. Este comprende los resultados de la veeduría realizada a las etapas de la aplicación de las pruebas toxicológicas, pruebas psicométricas y de conocimientos jurídicos a las personas candidatas; así como de la etapa de investigación, tachas y denuncias, y entrevistas públicas que dejaron como resultado la conformación de una nómina de 45 aspirantes que fue enviada al Congreso Nacional, de la que fueron electos los 15 magistrados y magistradas que hoy integran la nueva Corte Suprema.
Este documento hace énfasis en la valoración y reflexión sobre los aspectos positivos del proceso, las irregularidades que se identificaron, las malas prácticas que continúan y que nuevamente se evidenciaron en esta elección. Finalmente, se brindan conclusiones y una serie de recomendaciones que deberían tomarse en cuenta para los futuros procesos de elección de las más altas magistraturas del Poder Judicial, al igual que de otros altos funcionarios y funcionarias del Estado.
