15 de julio 2014
Este artículo analiza el proceso de selección de la Fiscal General en Guatemala, concluyendo que más regulación no significa menos arbitrariedad.
Este artículo hace un recuento y analiza ese proceso en detalle. En primer lugar, describe los procesos de selección judicial en Guatemala -que cuentan con una regulación mucho más detallada que en otros países del hemisferio- y las limitaciones de ésta.
Luego, analiza los acontecimientos en el proceso de selección de fiscal general, a partir del cual se aborda los dos aspectos más problemáticos del proceso: la efectiva limitación de la auditoría social por la entidad de preselección -la comisión de postulación (CdP)-, y cómo ésta se aprovechó de la discrecionalidad que tenía para adoptar decisiones arbitrarias.
Se espera que estas reflexiones puedan servir tanto para mejorar el proceso de selección de autoridades judiciales en Guatemala, como en otros países del hemisferio.
Esto nos lleva a la principal lección que enseña la experiencia guatemalteca a otros países en búsqueda de robustecer su proceso de selección judicial: a pesar de contar con una ley o regulaciones detalladas (que en Guatemala, es la Ley de Comisiones de Postulación [LCP]) que hacen que el proceso sea más regulado y transparente que en muchos otros países latinoamericanos, las normas dejan espacios discrecionales que pueden ser aprovechados por actores interesados, como el gobierno, la empresa privada y los llamados poderes fácticos.
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