17 de diciembre 2019
Este informe, titulado El control judicial de las designaciones de segundo grado en El Salvador: A propósito de la designación del Fiscal General de la República, analiza las designaciones de altas autoridades de justicia en El Salvador.
Mediante el presente documento, DPLF presenta una exposición de los tres ejes centrales y distintivos del control judicial que caracterizó a la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador durante el periodo 2009-2018, y sobre la base de tales parámetros jurisprudenciales, ofrece un estudio de caso: el análisis de la designación de Raúl Melara Morán como Fiscal General de la República, cuya independencia es clave para la implementación exitosa de cualquier estrategia de combate a la corrupción y la impunidad con apoyo internacional.
Asimismo, este documento incluye una valoración crítica de lo decidido por la nueva conformación de dicha Sala, en las resoluciones de improcedencia emitidas con ocasión de las dos demandas de inconstitucionalidad que hasta la fecha se han presentado para cuestionar la designación de Melara Morán, y que ilustran lo que podría ser la posición del máximo órgano de control constitucional en los próximos años.
Este estudio complementa la evaluación realizada en el informe La elección de autoridades de segundo grado por la Asamblea Legislativa de El Salvador, y en el informe La elección de Fiscal General en El Salvador: recomendaciones para elevar el perfil de una designación clave, y se inserta en un esfuerzo por promover el fortalecimiento de los sistemas de justicia como punto fundamental de una agenda de combate a la corrupción desde los derechos humanos.
Adicionalmente, tiene el objetivo de aportar elementos relevantes para un debate regional en torno la posibilidad de impugnar la designación de altas autoridades del sistema de justicia. Finalmente, es un reconocimiento y un homenaje al valioso aporte de la Sala de lo Constitucional de El Salvador para el fortalecimiento de la independencia judicial en la región.
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