DPLF, junto a Cyrus R. Vance Center for International Justice, American Jewish World Service, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Guatemala Human Rights Commission/USA, Impunity Watch, Latin America Working Group Education Fund, Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Protection International Mesoamerica, Plataforma Internacional Contra la Impunidad (PICI), Programa ACTuando Juntas Jotay, y Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR) hemos trabajado tres informes en contribución al cuarto ciclo del Examen Periódico Universal del Periodo de Sesiones Nº 42 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Guatemala.
Estos informes se refieren a los procesos de selección y nombramiento de magistrados de altas cortes del país; las afectaciones a la independencia de los y las fiscales y la autonomía del Ministerio Público de Guatemala; y, la criminalización de operadores/as de justicia por grupos de poder en Guatemala y autoridades estatales.
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Este documento presenta información sobre los procesos de selección y nombramiento de magistrados de altas cortes del país y su impacto en los derechos humanos, específicamente las garantías de independencia judicial de acuerdo con las obligaciones del Estado de Guatemala establecidas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCYP). Este documento ha sido elaborado con base en la revisión y seguimiento de la legislación vigente, las políticas y las prácticas implementadas u omitidas por el Estado de Guatemala vinculadas a su obligación de respetar y garantizar los derechos asociados a la independencia judicial, así como con base en el monitoreo de las organizaciones que trabajan en el tema, y miembros de la sociedad civil, además al seguimiento de la implementación de las recomendaciones realizadas en el marco del tercer ciclo del Examen Periódico Universal de Guatemala. Leer informe aquí
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Este documento se elaboró con base en el seguimiento de las leyes, políticas y prácticas implementadas por el Estado de Guatemala vinculadas a su obligación de respetar y garantizar la autonomía de los y las fiscales y fiscalías, y también en la experiencia de las organizaciones que lo presentan y de las víctimas, entre ellas operadores/as de justicia y miembros de la sociedad civil guatemalteca con quienes trabajamos. Está enfocado en proporcionar información sobre las afectaciones a la independencia de los y las fiscales y la autonomía del Ministerio Público de Guatemala, así como el impacto que estas afectaciones han tenido en los derechos humanos, específicamente en las garantías de independencia judicial establecidas en el artículo 14 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, tratado internacional vinculante ratificado por Guatemala en 1992. Leer informe aquí |
Informe "Ataques y criminalización a operadores y operadoras de justicia en Guatemala como parte de la estrategia para el desmantelamiento de la lucha contra la corrupción y la impunidad" Está enfocado en proporcionar información sobre la criminalización de operadores/as de justicia por grupos de poder en Guatemala y autoridades estatales, como estrategia para el desmantelamiento de los avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad que se habían logrado a partir del trabajo conjunto del Ministerio Público guatemalteco y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) -ente ad hoc de las Naciones Unidas-. Leer informe aquí. |
