El “Tren Maya” es un megaproyecto federal en México que consiste en la construcción de 1,525 kilómetros de vía férrea, 15 estaciones y otros elementos asociados a su funcionamiento. Este conectaría los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo en un solo sistema de transporte ferroviario.
Tanto relatores como mandatos temáticos de Naciones Unidas han expresado sus preocupaciones al Gobierno mexicano ante denuncias de que este proyecto de infraestructura pone en peligro derechos de las comunidades mayas de la península de Yucatán; particularmente, el derecho a la salud, al medio ambiente sano y sostenible, a la tierra y recursos naturales, a la libre determinación, entre otros.
Desde que se anunció la obra en julio de 2018, varias autoridades de diferentes niveles de gobierno han estado involucradas en su planeación, desarrollo y construcción; paralelamente, ha habido acciones y omisiones que podrían constituir violaciones de los derechos a la protección judicial y al debido proceso, muchas de las cuales ya han sido judicializadas en distintos juicios de amparo.
Desde DPLF, y junto con el Instituto de Defensa Legal (IDL) del Perú y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, Canadá, presentamos un escrito de amicus curiae en siete de los juicios de amparo que se han realizado a la fecha, con el propósito de aportar información y elementos jurídicos y de análisis en torno, entre otros aspectos controvertidos, al Acuerdo de Concentración SECNO/STCCNO/362/2021 del Consejo de la Judicatura Federal y a la declaratoria del Tren Maya como un asunto de seguridad nacional.
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