Un colectivo de miembros de la Red-DESC, de la cual DPLF forma parte, y organizaciones aliadas presentaron un escrito de amicus curiae sobre estándares internacionales de derechos humanos, ambientales y del derecho comparado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Comunidad de La Oroya vs. Perú. El caso representa una oportunidad para que la Corte IDH repare una prolongada injusticia socioambiental sufrida por la comunidad de La Oroya, estableciendo estándares clave para las violaciones derivadas de la contaminación industrial a lo largo del continente americano y del mundo.
El Caso La Oroya involucra diversos temas comúnmente interrelacionados, pero todavía poco elaborados en la jurisprudencia de instancias internacionales de derechos humanos, entre ellos:
- el alcance de las obligaciones ambientales frente a la contaminación industrial de gran proporción;
- los deberes de garantía, prevención y precaución en materia ambiental;
- el deber de reglamentar y supervisar la conducta de empresas privadas, estatales y transnacionales cuyas actividades implican riesgos de daños ambientales;
- el reconocimiento e implementación del derecho a la igualdad interseccional sustantiva y no discriminación frente a los efectos desproporcionados de daños ambientales en grupos históricamente marginados, contemplando, por ejemplo, la afectación a los derechos de personas con discapacidad dentro de la comunidad;
- la protección de los derechos de las personas defensoras socioambientales y el reconocimiento de la gravedad de las afectaciones sufridas; y
- la primacía de las obligaciones en materia de derechos humanos frente a los compromisos emanados de acuerdos internacionales de inversión y libre comercio.
Respecto al derecho a un ambiente sano, la Corte tiene la oportunidad de extender la aplicabilidad de los estándares detallados en su Opinión Consultiva 23/17 referentes a la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), haciendo referencia a fuentes de interpretación interamericanas—como el Protocolo de San Salvador (PSS)—y los propios avances jurisprudenciales de esta Corte, como en la sentencia del caso Lhaka Honhat vs. Argentina, y estándares de otras jurisdicciones, como la decisión en el caso Portillo Cáceres vs. Paraguay del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otras fuentes.
En la elaboración de este escrito, DPLF trabajó junto con ALTSEAN-Burma (Alternative ASEAN Network on Burma), Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR), la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Virginia, Justiça Global, Minority Rights Group (MRG), y Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), con la coordinación de la secretaría de la Red-DESC.
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