La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, aprobada en mayo de 2019, forma parte del marco jurídico de la Guardia Nacional y de las fuerzas armadas que participan en tareas de seguridad en México. Diversas organizaciones de la sociedad civil presentes en este país han expresado preocupación debido a que pone en riesgo el ejercicio de varios derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pública y han acudido a la Suprema Corte de la Nación para cuestionar su constitucionalidad y apego a estándares internacionales.
DPLF, con el fin de dar aportes desde el derecho internacional en este debate, ha presentado un amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un amparo contra la referida Ley nacional sobre el Uso de la Fuerza. El escrito de amicus curiae presenta argumentos sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego por parte de agentes estatales, usando la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La Corte IDH ha dicho que la legislación interna debe establecer pautas lo suficientemente claras para la utilización de fuerza letal y armas de fuego por parte de los agentes estatales y que al emplearse la fuerza se debe perseguir un objetivo legítimo, “debiendo existir un marco regulatorio que contemple la forma de actuación en dicha situación”. En cuanto a la participación de las fuerzas armadas, la Corte IDH ha reafirmado que el mantenimiento del orden interno debe estar “primariamente reservado a los cuerpos policiales civiles”. No obstante, cuando la militarización de las fuerzas de seguridad interna resulte excepcional, ésta debe ser extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada.
En su actuar, DPLF ha dado seguimiento al fenómeno de militarización de la seguridad pública en los países de América Latina, analizando sus efectos en el respeto y garantía de derechos humanos y con la finalidad de contribuir al debate sobre la necesidad de políticas y legislaciones sobre seguridad ciudadana democrática.
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