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La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), realizaron una Misión Técnica a Bolivia entre el 4 y el 7 de marzo del presente año, con el fin de recolectar información sobre el actual proceso de preselección y elección de las altas autoridades judiciales y el estado de la independencia judicial en el país. La delegación se reunió con el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, dos consejeros del Consejo de la Magistratura, el director de la Escuela de Jueces del Estado, una magistrada del Tribunal Agroambiental, representantes de la Asociación de Magistrados de Bolivia (AMABOL), dos autoridades de la Asamblea Legislativa, la Viceministra de Justicia, representantes de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y expertos que cooperan en justicia. La Misión contó con el apoyo técnico de la Fundación Construir.
A continuación, las organizaciones internacionales que realizaron la Misión Técnica presentan los principales hallazgos y recomendaciones; estos serán complementados en un informe que será publicado durante las próximas semanas:
- Respecto del proceso de preselección y elección de las altas autoridades judiciales que realiza la Asamblea Legislativa Plurinacional por disposición normativa y que se desarrolla previo al proceso de elección popular, luego de repetidas y prolongadas suspensiones durante el año pasado, la Misión valora que el proceso de preselección avance en la Asamblea, lo que permite cumplir el mandato constitucional de renovar a las altas autoridades judiciales cuyo periodo constitucional terminó el 31 de diciembre de 2023.
La Misión llama al Órgano Legislativo, en concordancia con los estándares internacionales en materia de selección de autoridades judiciales establecidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Artículo 14), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 8) y en los documentos que los desarrollan, a garantizar que el proceso de preselección cumpla con criterios de mérito, objetividad, representación paritaria y no discriminación.
Igualmente, solicita a la Asamblea que el proceso de preselección se lleve a cabo con la máxima transparencia, publicidad y apertura a la participación de la ciudadanía. Por ello, recomienda a la Asamblea:
- Publicar las hojas de vida y expedientes completos de los y las postulantes, dejando a salvo y en reserva sus datos personales protegidos.
- Motivar y fundamentar las puntuaciones dadas a los y las postulantes en cada fase del proceso de preselección, especialmente durante la fase de examen.
- Permitir a los veedores nacionales e internacionales el máximo acceso a la información y participación durante las fases del proceso de preselección.
- Garantizar de manera efectiva la paridad de género y la diversidad cultural.
- Llevar adelante el proceso de preselección sin dilaciones indebidas y en cumplimiento de la Constitución.
- Respecto de la prórroga del mandato de las autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional, la Misión tomó nota de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 proferida por el Tribunal Constitucional Plurinacional el 11 de diciembre de 2023, mediante la cual dispuso la prórroga de los mandatos de dichas autoridades. La Misión recuerda que el requisito de independencia judicial establecido en los instrumentos internacionales vinculantes al Estado boliviano incluye las garantías para la estabilidad en el cargo hasta la edad de jubilación obligatoria o la expiración del mandato cuando éste existe. La Misión considera fundamental respetar los periodos constitucionalmente establecidos para ejercer los cargos. En ese sentido, comparte la preocupación de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, de que “los actuales titulares hayan sido prorrogados por un período indefinido”.
- Respecto de la confianza ciudadana en el sistema de justicia y la necesidad de contar con un poder judicial independiente e imparcial, la Misión recabó información acerca del alto índice de desconfianza en el sistema de justicia y las dificultades que enfrenta el Órgano Judicial y, las y los jueces de manera individual, para contar con garantías efectivas que protejan su independencia. En este escenario, la Misión obtuvo información acerca del escaso presupuesto con el que cuenta el Órgano Judicial (0,35% del presupuesto general en 2023), la existencia de decenas de personas egresadas de la Escuela de Jueces del Estado que están a la espera de ser designados, la poca transparencia que hubo en el diseño de la evaluación de desempeño realizada por el Consejo de la Magistratura, entre otras cuestiones. Por ello, la Misión considera que es necesario fortalecer la independencia de la judicatura, lo que puede incluir adelantar una reforma judicial para fortalecer las garantías específicas de la independencia judicial en el país y una modificación al mecanismo constitucional establecido para seleccionar a las altas autoridades judiciales.
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