Ciudad de México y Washington D.C., 23 de agosto de 2016; Mientras la participación de la inversión privada en el sistema penitenciario es objeto de crecientes críticas a nivel internacional, ésta ha sido promovida por el Estado mexicano como respuesta a la grave crisis que padecen las cárceles, revela el informe Privatización del sistema penitenciario en México publicado hoy por las organizaciones Documenta A.C., Fundación para el Debido Proceso, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana Puebla, el Instituto de Justicia Procesal Penal, Madres y Hermanas de la Plaza Luis Pasteur, y México Evalúa.
Prologado por Miguel Sarre, especialista en derechos humanos y profesor en el ITAM, el informe da seguimiento a la audiencia Derechos de las personas privadas de libertad y la privatización del sistema penitenciario en México, en la que participaron las organizaciones firmantes durante el 157 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en abril de 2016.
Este modelo ha sido cuestionado en países como Francia y Reino Unido, donde se constató que ha llevado a la reducción de la calidad de los servicios y al aumento de la inseguridad dentro de los centros penitenciarios. Por su parte, el Gobierno de Estado Unidos anunció la semana pasada que dejará de utilizar gradualmente las prisiones privadas, derivado de una investigación del Departamento de Justicia que encontró que éstas están en peores condiciones que las públicas.
En el informe se expone la situación de los centros penitenciarios en México, donde, pese a las diversas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos, persisten problemas de hacinamiento y autogobierno, así como prácticas de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, tanto en las cárceles públicas como en las privadas.
Por otra parte, el informe destaca la falta de transparencia con la que se implementó este tipo de Contratos de Prestación de Servicios en el sistema penitenciario en México y alerta sobre los riesgos de que se repliquen en el continente latinoamericano, donde varios países enfrentan crisis penitenciarias severas similares. Así, países como Perú han empezado a adoptar un marco legal que favorece la iniciativa privada en el sistema penitenciario, en una dirección muy parecida a la mexicana. Cabe mencionar que los esquemas de acreditación han sido igual de opacos.
Los graves problemas que caracteriza el sistema penitenciario en México no justifican la incorporación de un modelo que va en detrimento de la dignidad de las personas privadas de libertad y obstaculiza la reinserción social, concluye el informe. Para acabar con ellos, el Estado debe proponer cambios de fondo, y una política penitenciaria que ponga el respeto a los derechos humanos en el centro de la discusión.
El informe está disponible aquí
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