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A partir del 24 de agosto de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) de México ha solicitado al menos tres órdenes de aprehensión contra 31 integrantes de la comunidad científica y académica por supuestos delitos de operación con recursos de procedencia ilítica, delincuencia organizada y peculado. Dados los antecedentes del caso y el contexto, la acción insistente de la FGR contra personas de la academia puede configurar un preocupante episodio del uso faccioso del aparato de procuración de justicia, para inhibir la libertad académica y de pensamiento como parte integrante del derecho a la libre expresión. Los delitos, además de ser desprorcionados, van en contra de los estándares internacionales de derechos humanos.
Desde DPLF, y junto a organizaciones nacionales e internacionales, exigimos cesar hostigamiento dirigido en contra de investigadores/as a través de la persecusión penal y, en caso de existir conductas reprochables, se haga mediante una calificación jurídica adecuada, e incluso se agoten de manera previa otras vías como la administrativa.
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