El 24 de mayo de 2017 la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Clínica de Derechos Humanos - Human Rights Research and Education Centre, de la Universidad de Ottawa y Earth Rights International (ERI), presentaron un amicus curiae al Tribunal Constitucional peruano, en torno a una demanda de inconstitucionalidad que impugna la validez de disposiciones de la Ley Nº 30.230 tramitada bajo el expediente Nº 00012-2015-PI. Publicada el 12 de julio de 2014, esta ley establece “medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”.
El amicus advierte que la falta de consulta previa en la elaboración, discusión y aprobación de los Arts. 19 a 23, así como la ausencia de consentimiento de los pueblos indígenas con relación a los Arts. 36 y 38.a) de la referida ley violan obligaciones derivadas tanto del marco constitucional peruano como de tratados ratificados por el país. En esta línea, las organizaciones resaltan los estándares internacionales en materia de consulta y consentimiento previo, libre e informado, a la luz de los antecedentes del Sistema Interamericano y del Sistema Universal de Derechos Humanos en materia legislativa
Finalmente, las organizaciones que suscriben el amicus curiae recomendaron al Tribunal Constitucional peruano declarar la inconstitucionalidad de las mencionadas disposiciones de la Ley Nº 30.230.