Además a señalar que el dictamen de la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) implica un claro retroceso en materia de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil declaran que nunca se justificoì la necesidad de crear una nueva ley cuando ya existe una Ley Organíca de la FGR, que a la fecha no ha sido implementada. En el proceso de aprobacioìn de esta nueva ley, miles de víctimas, organizaciones de la sociedad civil y especialistas, coincidieron en la falta de transparencia en su elaboración y en la clara falta de consenso de diversas fuerzas políticas, incluidas instituciones gubernamentales. DPLF apoya las iniciativas de las organizaciones mexicanas que exigen evidencia de la necesidad de reformar la Ley Orgánica y señalan que la ley vigente debe cumplirse y el Fiscal General debe rendir cuentas de su gestión.
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