19 de diciembre de 2018. Las organizaciones internacionales expresamos nuestra indignación y extremada preocupación ante las recientes acciones impulsadas por el gobierno guatemalteco contra la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), de revocación de las visas de cortesía, acreditación diplomática a 11 de sus investigadores y litigantes y notificar la expulsión de 10 de ellos del país.
Esto constituye otra afrenta contra los compromisos internacionales asumidos por Guatemala, la lucha contra la corrupción y el estado de derecho en Guatemala, al romper nuevamente, los canales y procedimientos para dirimir controversias que establece el Acuerdo de creación la CICIG.
La cancillería guatemalteca publicó en el Diario Oficial una notificación dirigida a esta Comisión, en la que solicita la devolución de los carnés de identificación que les habían sido otorgados a una funcionaria y diez funcionarios de CICIG “debido a que desde la fecha de la revocatoria y denegatoria de sus visas, dejaron de gozar de los privilegios e inmunidades que en tales calidades les correspondieron”.
Como bien lo expuso el vocero de la CICIG, las inmunidades del personal derivan del Acuerdo de establecimiento de la Comisión y no de las visas de cortesía que otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores. Peor aún: esta acción mantiene carácter arbitrario y aprovecha un momento del año donde la observancia y atención a la coyuntura nacional disminuye, para afectar de manera directa a investigadores y litigantes de casos de alto impacto. La decisión asumida por Guatemala amenaza con obstaculizar la justicia y a los casos que han salido a luz, con el apoyo de las investigaciones realizadas por personal de la CICIG.
La medida, además de violar el artículo 10 del Acuerdo de establecimiento de la CICIG entre la ONU y Guatemala incumple el compromiso de cooperación con la Comisión (artículo 6) y vulnera la seguridad y protección del personal de la CICIG (artículo 8). Este incumplimiento del acuerdo internacional es un acto ilegal, constituye una violación de la Constitución Política de la República de Guatemala y amenaza el Estado de Derecho y el futuro del país, como ya han expuesto diversas organizaciones de la sociedad civil guatemalteca.
Por lo anterior, las organizaciones firmantes:
1) Hacemos un llamado al Estado guatemalteco a que honre los compromisos asumidos ante la Organización de las Naciones Unidas cuando solicitó la instalación de la CICIG.
2) Exhortamos a la comunidad internacional a respaldar los avances que ha logrado Guatemala en la lucha contra la impunidad y la corrupción.
3) Expresamos nuestra solidaridad a la CICIG y su personal y exigimos se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad de sus funcionarios/as y de sus instalaciones.
Organizaciones firmantes:
Abogados Sin Fronteras – Canadá
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
Impunity Watch
Open Society Justice Initiative (OSJI)
Oxfam
Plataforma Internacional Contra la Impunidad
Robert F. Kennedy Human Rights Center
Washington Office on Latin America (WOLA)