La aprobación de las reformas a la Ley sobre privación definitiva de dominio de bienes de origen ilícito, a la Ley Orgánica del Presupuesto, y otras impulsadas desde sectores interesados, así como el recurso de inconstitucionalidad del Convenio OEA-Estado de Honduras, ya admitido por la Corte Suprema de Justicia, se convierten en un gran retroceso en el combate a la corrupción.
Ver el video del evento en que participó Directora Ejecutiva de DPLF, Katya Salazar, aquí.
