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Desde DPLF expresamos nuestra preocupación por las medidas de militarización que anunció recientemente el gobierno de El Salvador, ya que conllevan a una mayor desnaturalización del modelo civil de seguridad.
Esta semana, desde su cuenta en Twitter, el gobierno de El Salvador informó un sustancial incremento de militares en tareas de seguridad ciudadana como parte del cuestionado Plan de Control Territorial: 9,825 soldados –la cifra más alta de militares en el combate al crimen desde el fin de la guerra civil–. Asimismo, a través de esta red social el presidente Nayib Bukele expresó “[d]uplicaremos nuestra Fuerza Armada en los próximos 5 años, iniciando hoy […]. La recibimos con 15,000 [efectivos…], y la nueva orden es llevarla a 40,000 hombres y mujeres valientes y patriotas”.
De esta manera, la actual administración da continuidad a las políticas represivas de seguridad que privilegian la militarización por encima de la prevención y la investigación técnica de los delitos. Frente a este panorama, DPLF hace un llamado al presidente Bukele, a atender las obligaciones internacionales del Estado, especialmente en la aplicación de estándares para una política criminal democrática y respetuosa de los derechos humanos.
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