La Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), de la cual DPLF forma parte, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se conmemora cada 30 de agosto, EXPRESA:
Que si bien, se han tomado algunas medidas legislativas y normativas para atender la situación de la desaparición forzada en El Salvador, a la fecha, ninguno de los gobiernos del post conflicto armado, han asumido responsablemente sus obligaciones frente a las víctimas de este crimen de lesa humanidad. Hasta este momento no han mostrado la voluntad política para ratificar la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas y ni la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ni han cumplido sus obligaciones en virtud de otros tratados internacionales que soberanamente ha suscrito el país. Al contario, la insensible actitud del Estado ha provocado que no se haya dado con el paradero de las aproximadamente 10 mil personas desaparecidas forzadamente entre 1980 a 1992; tampoco se ha investigado, ni juzgado a los responsables de estos hechos atroces.
Tampoco se ha puesto en marcha, un programa de reparaciones integrales para las víctimas que sea sostenible y suficientemente robusto para atender las heridas provocadas por estas desapariciones. Lejos de ello, el gobierno actual ha desmantelado la institucionalidad y los programas gubernamentales que crearon administraciones anteriores para atender las secuelas del conflicto armado, y ha desacreditado las causas e impactos ocasionados por la guerra en las familias salvadoreñas, así como de los Acuerdos de Paz que permitieron silenciar las armas y abrieron paso a formas de convivencia social basadas en la tolerancia, el respeto de los derechos humanos y el fortalecimiento de las condiciones democráticas del país. Aunque tales propósitos no fueron plenamente alcanzados en la posguerra, se sentaron las bases para ir avanzando gradualmente en la instauración de un Estado de Derecho, que hoy en día parece estarse desdibujando precipitadamente.
Por estas razones, las víctimas de desapariciones forzadas del conflicto armando viven actualmente condiciones de vulnerabilidad social, económica y emocional, producto de la histórica y estructural desatención estatal de sus necesidades y a la sistemática violación a los derechos humanos que viven en la actualidad; estas condiciones, se suman al temor por la repetición de patrones de represión que en el pasado provocaron graves violaciones a los derechos humanos como la militarización de la sociedad, la represión, el autoritarismo, la ausencia de canales de participación ciudadana, el bloqueo a la información pública, inexistencia de garantías judiciales, el secuestro de la justicia, entre otros males que han resurgido en la actualidad.
Ante esta adversa realidad, los colectivos de víctimas y las organizaciones de derechos humanos que integramos la MECIES, DEMANDAMOS QUE:
- El Estado Salvadoreño ratifique la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Persona y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, para que las víctimas y sus familiares puedan alcanzar la justicia, conocer la verdad de lo sucedido, obtengan reparación y para que no se repitan estos hechos.
- La Asamblea Legislativa cumpla con el mandato de la sentencia de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional, que eliminó la Ley de Amnistía de 1993, y proceda a estudiar el Ante Proyecto de Ley de Justicia Transicional que presentaron las víctimas el 7 de octubre de 2021, el cual desarrolla un articulado para las personas que han sufrido la desaparición forzada –de un familiar o la propia– para reivindicar su derecho de la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. La referida sentencia indicó claramente los parámetros sobre los que debía proceder la Asamblea Legislativa, siendo uno de ellos el de la participación protagónica de las víctimas en todas las etapas del proceso de aprobación y aplicación de esta norma.
- El presidente Nayib Bukele dé la orden al Ministerio de la Defensa Nacional para permitir la apertura de los archivos históricos en poder de la Fuerza Armada, a fin de avanzar en las investigaciones administrativas y judiciales sobre las desapariciones forzadas y de otras graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el contexto de la guerra civil salvadoreña.
- Asimismo, el mandatario, ya sea a través de la Asamblea Legislativa o girando instrucciones a las instituciones del Órgano Ejecutivo, debe dotar a las dos comisiones nacionales de búsqueda, tanto de niños y niñas como de personas adultas desaparecidas durante el conflicto armado, de los recursos necesarios con el fin de avanzar en su pronta localización.
- La Fiscalía General de la República y el sistema judicial avancen diligentemente con las investigaciones administrativas y judiciales, aplicando estándares internacionales de derechos humanos, para conocer la verdad de lo sucedido e individualizar a los perpetradores de la tragedia de la desaparición forzada de esos años.
- Las Comisiones Nacionales de Búsqueda –de la niñez y de personas adultas– avancen de manera diligente con las investigaciones de carácter humanitario que desarrollan, identificando el paradero de las y los desaparecidos, utilizando los mecanismos administrativos que corresponda, requiriendo información e inspeccionado los archivos de las instituciones de inteligencia y militares que funcionaron con antelación al 16 de enero de 1992.
Las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, nos mantenemos alertas y activas en la exigencia de verdad, memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición; que es el único camino para superar la impunidad y reconciliar a la sociedad salvadoreña de forma sostenible.
