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Ante la reciente admisión para su trámite del antejuicio contra el juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez, las organizaciones internacionales abajo firmantes, expresamos nuestro total rechazo por estos actos de criminalización y ataques a su independencia judicial.
La denuncia presentada contra el juez Gálvez se suma a una serie de ataques, hostigamientos, amenazas y acciones judiciales emprendidas contra operadores de justicia en Guatemala que buscan remover de la judicatura a estos profesionales, con el objetivo de detener los avances de casos de graves violaciones a los derechos humanos y corrupción. Con estos actos, se atenta contra la democracia y la justicia, perpetuando un sistema de impunidad estructural en perjuicio del frágil estado de derecho en Guatemala, cuya defensa recae sobre jueces y juezas independientes.
Al respecto, encontramos extremadamente grave el uso indebido del derecho penal como estrategia de persecución en contra de un juez que ha dedicado su vida a la carrera judicial y ha demostrado su vocación democrática, probidad y reconocida honorabilidad.
Con la presentación de esta denuncia en su contra, se busca atacar resoluciones que ha emitido el juez Miguel Ángel Gálvez en legítimo ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, ignorando que, de acuerdo con los estándares internacionales, las discrepancias jurídicas deben ser planteadas a través de los recursos y remedios procesales de los que disponen las partes en el marco del proceso penal para oponerse a las mismas. Además, se utiliza el derecho penal como un mecanismo de represalia para separar al juez no solamente de un proceso en específico, sino del ejercicio de la judicatura, lo cual pone en un riesgo extremadamente grave y urgente de daño irreparable el derecho al acceso a la justicia de las víctimas de los casos por los cuales se le persigue.
Expresamos nuestra profunda preocupación por el irrespeto a las resoluciones de la judicatura y por ende al estado de derecho en Guatemala. Desde ningún punto de vista es viable que los jueces y juezas sean perseguidos por las resoluciones que emiten.
Por ello, hacemos un llamado a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala para que se respete la independencia judicial garantizada en la Constitución Política de la República de Guatemala y en tratados internacionales en materia de derechos humanos. También exhortamos a la comunidad internacional, para que siga de cerca los procesos de criminalización emprendidos contra jueces y juezas que debilitan el sistema judicial en el país. Urgimos, en el marco de los espacios e iniciativas de cooperación que integran o lideran, el rechazo a la criminalización contra operadores y operadoras de justicia.
Es indispensable promover el respeto a la independencia judicial como una garantía necesaria en contextos democráticos para el respeto a los derechos humanos de la población.
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