Diez organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos manifiestan su preocupación ante el aumento de la criminalización en Guatemala como estrategia para amedrentar e intimidar a personas que ejercen roles relevantes en la lucha contra la impunidad en casos de graves violaciones de derechos humanos y corrupción. Producto de su labor de monitoreo, las organizaciones han documentado el uso indebido del derecho penal y de otros mecanismos legales en contra personas defensoras de derechos humanos, fiscales, ex fiscales, juezas, jueces, magistrados y magistradas, ex trabajadores de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), y abogados defensores, que han tenido a su cargo procesos que demuestran avances significativos para la justicia y la garantía de los derechos humanos.
Asimismo, declaran que "estas estrategias abusivas de criminalización se enmarcan en un contexto de retrocesos y obstaculización por parte de algunos sectores opuestos a la lucha contra la impunidad en el país, que han expresado su aversión hacia quienes han contribuido en destacadas investigaciones judiciales, participando incluso en la difusión de mensajes e imágenes que constituyen discriminación racial, de género o por orientación sexual".
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