En dos meses de aplicación del régimen de excepción en El Salvador, cinco organizaciones que han abierto espacios para recepción y atención a víctimas registran ya un total de 1,123 denuncias. Así lo expresaron en un conversatorio organizado por redes y organizaciones sociales, denominado “Impacto del Régimen de Excepción en los derechos humanos y en la seguridad ciudadana”.
La mayoría de los casos registrados son por detenciones arbitrarias, donde el perfil de la víctima es principalmente masculino, entre los 18 y 30 años. Aunque cada organización posee diferentes categorías de registro de información, hay un patrón coincidente. Asimismo, el principal victimario es la PNC y en segundo lugar la FAES.
De forma individual, hasta el 25 de mayo, CRISTOSAL atendió casos de 798 personas donde el hecho más denunciado es detención arbitraria en un 97.1%. Por su parte, FESPAD ha recibido denuncias de 170 personas afectadas y aunque el principal hecho sigue siendo detención arbitraria, destaca un 35% de casos que reportan allanamiento de morada (lo cual no está establecido en el régimen de excepción) y un 27% de familiares que afirman no tener información sobre el detenido.
Por su parte, SSPAS recibió 46 casos que involucran a 229 personas, donde el 82.6% reporta detención arbitraria y un 54.3% alega la falta de un debido proceso. Mientras que AZO tiene registros de 116 personas donde el 50% de vulneraciones son referidas como hechos de limitación a la libertad individual y es relevante un 38.8% que denuncia uso de la fuerza o amenazas, principalmente por parte de agentes policiales.
Finalmente, el IDHUCA registra 70 personas que en un 95.7% son hombres, principalmente de 18 a 30 años, aunque destaca un 22.9% de casos donde la víctima tiene más de 31 años. El 84.3% de registros son por detención arbitraria.
En este espacio, Abraham Abrego, director de litigio estratégico de Cristosal, informó sobre los impactos en materia de DDHH, los patrones de vulneraciones y los casos registrados; mientras que Huber Romero, en representación de la Plataforma por la Seguridad Ciudadana, habló sobre las afectaciones en víctimas y la falta de abordaje de políticas integrales de seguridad pública.
Y desde la mirada internacional, la directora de DPLF, Katya Salazar, compartió experiencias similares en otros países con prácticas autoritarias, los impactos y el papel de la comunidad internacional en estos casos.
En el conversatorio participaron representantes de organizaciones sociales y medios de comunicación, con el propósito de reflexionar de forma colectiva sobre las políticas de seguridad y la necesidad de protección de derechos de las poblaciones más vulnerables que están siendo sujetas de abusos que conllevan a una crisis humanitaria.
