Descargar comunicado en PDF aquí.
A más de 450 días de implementado el régimen de excepción en El Salvador, las detenciones arbitrarias masivas de miles de personas y la violación de sus derechos humanos continúan. El uso de la tortura y los malos tratos dentro de los centros de detención se ha vuelto una práctica generalizada que no parece tener fin.
La llamada “guerra contra las pandillas” ha convertido a El Salvador en el país con más personas privadas de libertad a nivel mundial (aproximadamente 1.6% de la población total). Miles de personas han sido capturadas sin una investigación previa que indique la comisión de delito alguno, las mayoría de víctimas pertenecen a contextos precarizados y las detenciones obedecen a razones de perfilamiento racial; en ocasiones al ser acusadas de manera anónima por otras personas; por haber sido inculpadas o fichadas previamente por las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC); o simplemente por la necesidad de cumplir con el “mandato” que desde el Ejecutivo se ha dado a las fuerzas armadas y a la policía.
Las condiciones en los centros de reclusión son inhumanas. A las personas privadas de libertad se les violan derechos básicos como la visita familiar y el contacto con su defensor, el acceso a servicios de salud y/o medicamentos. Asimismo, les niegan los alimentos o se los entregan en estado de putrefacción y el hacinamiento extremo es un hecho cotidiano. Además, son sometidos a violencia física, desde quemaduras, palizas o mecanismos de asfixia hasta la psicológica, al ser sujetos de aislamientos y/o encierros prolongados. A la fecha, la Fiscalía General de República ha archivado 142 casos de muertes bajo custodia estatal o posterior a su liberación, por no constituir delito obviando la responsabilidad de las autoridades de debida diligencia y la consecuente protección judicial, a pesar de que en algunos casos se observaron signos de tortura. Sin embargo, Cristosal ha documentado 167 muertes bajo custodia estatal.
En noviembre de 2022, el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) en el marco de la revisión al Estado salvadoreño externó su preocupación ante las condiciones de detención, la sobrepoblación en las cárceles, la falta de condiciones mínimas de higiene y seguridad para las personas privadas de la libertad; además de señalar el problema de la atención médica y la ausencia de políticas de reinserción social.
El CAT también alertó sobre la gravedad de las detenciones colectivas y de carácter discriminatorio que se estaban dirigiendo sin ningún tipo de orden de detención, violando el debido proceso, así como las dificultades existentes para acceder a la justicia. Por ello solicitó al Estado salvadoreño en el plazo de un año desde su revisión, cumplir con estas recomendaciones e informar sobre las acciones tomadas para prevenir las detenciones arbitrarias en el país. No obstante, el Estado sigue sin proporcionar información sobre los casos y sin cumplir sus obligaciones internacionales.
Por todo lo anterior, en el marco del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, una fecha que recuerda también la entrada en vigor de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en 1987 y del cual El Salvador es Estado parte desde 1996, exigimos al Estado salvadoreño que detenga esta política de terror que hasta el día de hoy ha costado la vida de más de 142 personas, las cuales han muerto bajo custodia estatal. Además, de adoptar e implementar políticas integrales para la erradicación de la tortura y los tratos crueles dentro de los centros de privación de la libertad.
Descargar comunicado en PDF aquí.
