Un nuevo informe de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fundación DTJ, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional-Sección El Salvador, Fundación Cristosal e IDHUCA, analiza los primeros 100 días de funcionamiento de la Sala de lo Constitucional de El Salvador, luego que la Asamblea Legislativa removiera irregularmente a sus integrantes titulares y suplentes e impusiera una nueva composición.
El informe Justicia en Pausa: Informe sobre los primeros 100 días de la Sala de lo Constitucional de El Salvadordocumenta retrocesos preocupantes, continuidades y avances iniciales en relación con los criterios jurisprudenciales consolidados de la Sala, así como las medidas administrativas de gestión y organización interna que producen un impacto real o potencial sobre la protección de los derechos y libertades de las y los salvadoreños, particularmente, el derecho de acceso a la justicia.
El informe revela que, en sus primeras semanas, se produjo traslados de personal a otras dependencias del organismo judicial –incluidos cargos clave, como la Secretaría de la Sala–, y desmejoras en la publicidad de las sentencias y en la transparencia de las actuaciones de la Sala. También, documenta una reducción anormal del número de casos ingresados, que contrasta con una tendencia opuesta en los casos resueltos, que ha aumentado exponencialmente y en su mayoría constituyen rechazos liminares. En el caso de los procesos de inconstitucionalidad, las proyecciones indican que los rechazos en 2021 podrían aumentar en más de 200% respecto del año anterior.
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