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Hoy, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) lanzó la serie de cuatro informes titulada (In)Debido Proceso, que examinan críticamente las reformas introducidas junto con el régimen de excepción en El Salvador. Estos informes analizan las implicaciones técnicas de las reformas adoptadas, así como su compatibilidad con las garantías del debido proceso.
El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el Decreto Legislativo 333, estableciendo un régimen de excepción sin precedentes en el país. Diseñado para abordar la crisis de seguridad interna, esta medida ha generado un intenso debate y preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional. Desde su implementación, organizaciones civiles han documentado más de 6,400 casos de abusos y violaciones a los derechos humanos, incluyendo 174 fallecimientos de personas bajo custodia estatal y alegaciones de tortura y arbitrariedad, aun en casos que involucran a individuos sin vínculos con grupos delictivos.
La ejecución del régimen de excepción fue acompañada de un conjunto de reformas a las leyes penales, aprobadas rápidamente poco después de su puesta en marcha. Estas reformas han tenido un impacto significativo en la estructura del proceso penal, endureciendo sanciones y, en algunos casos, reduciendo o eliminando garantías fundamentales. Como resultado se ha creado un marco legal que podría exponer a las personas detenidas a situaciones de vulnerabilidad e injusticia extrema ante un posible abuso del poder represivo del Estado.
En ese sentido, la serie (In)Debido Proceso se enfoca en temas cruciales como la detención provisional, las reformas penales sustantivas, la figura de los jueces sin rostro y otras violaciones a las garantías de juez independiente e imparcial, y el derecho a la defensa y garantías procesales. Cada informe examina la compatibilidad de estas reformas con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado salvadoreño en relación con la presunción de inocencia, la libertad personal, el acceso a la justicia y las garantías judiciales.
"En un momento en el que el equilibrio entre la seguridad pública y el respeto a los derechos individuales es crucial, la sociedad civil, la comunidad internacional y todos los actores involucrados deben prestar atención a los posibles abusos del poder punitivo. A través de (In)Debido Proceso, buscamos contribuir a la discusión desde una mirada técnica y promover una reflexión profunda sobre la importancia de preservar el debido proceso para evitar situaciones de injusticia y arbitrariedad intolerables", enfatizó Úrsula Indacochea, directora del programa Independencia Judicial de DPLF.
Los análisis sobre (In)Debido Proceso resaltan la incompatibilidad de las reformas legales con el Derecho Internacional, poniendo de relieve los impactos profundos que estas podrían tener en los derechos fundamentales de las personas. Además, esta colección proporciona a los jueces y juezas salvadoreños recursos jurídicos esenciales para tomar decisiones alineadas con la protección del debido proceso y la libertad.
IMPACTO DE LA DETENCIÓN PROLONGADA EN LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS DETENIDAS
En el contexto del régimen de excepción, la detención provisional ha encendido las alarmas ya que se ha convertido en una medida indefinida que no tiene la posibilidad de ser revisada o reemplazada por el juez, por alternativas menos gravosas para la libertad, lo que contradice estándares internacionales consolidados sobre esta materia.
Según el primer informe de la serie, esta práctica afecta directamente el derecho de la libertad personal y ha generado una impactante disparidad, afectando de manera desproporcionada a grupos ya vulnerables en la sociedad, como las mujeres, los jóvenes en situación de pobreza y las personas LGTBIQ+.
Aunque técnicamente todavía es posible interponer el recurso de habeas corpus contra detenciones ilegales o arbitrarias, existe un constante rezago en su tramitación, lo que ha minado la efectividad real de dicho recurso. La detención provisional, decidida por un juez o jueza como medida cautelar, conlleva la retención en un centro penitenciario de una persona acusada de un delito mientras avanza el proceso penal encargado de determinar su culpabilidad.
Ante el aumento de muertes de personas bajo custodia del Estado, DPLF recomienda al Estado salvadoreño brindar recursos judiciales efectivos para que las personas detenidas puedan denunciar violaciones y abusos cometidos por las autoridades policiales, investigadoras o judiciales y obtener protección.
Al poner de relieve la incompatibilidad de estas reformas con las normas del Derecho Internacional y al proveer herramientas de análisis a los jueces y juezas con elementos jurídicos sólidos, DPLF asume la responsabilidad de promover los valores fundamentales del debido proceso en un momento crucial para la defensa de la justicia y la libertad en El Salvador. Con esta serie, DPLF busca inspirar un compromiso colectivo con la salvaguarda de los derechos individuales, respetando siempre los equilibrios necesarios para construir una sociedad justa y segura para todas las personas.
Nota para editores:
- Para más información sobre (In)Debido Proceso: Análisis de las reformas que acompañan el régimen de excepción en El Salvador, y para acceder a los informes de análisis, visite: http://bit.ly/indebidoproceso-sv
- Información de contacto para entrevistas: Karen Arita, (+504) 3373-5772 | karita@dplf.org