Ordena a Arzobispado de San Salvador reguardar archivos y entregar documentos cuando se le requiera
El pasado 24 de febrero 2016, la Sala de lo Constitucional emitió un amparo favorable en relación con los archivos de casos del conflicto armado, que manejaba la oficina de Tutela Legal del Arzobispado, clausurada por la Iglesia Católica el 30 de septiembre de 2013. La demanda que dio origen a esta resolución invocaba la violación de los derechos constitucionales de las víctimas al no poder tener acceso a los documentos de sus casos.
La decisión constitucional ordena al Arzobispado de San Salvador: 1- elaborar un inventario del archivo; 2- resguardar y custodiar los documentos; 3-colaborar con instituciones estatales – Ministerio Público, Órgano Judicial, etc.– u organizaciones no gubernamentales para procurar el esclarecimiento de casos de violaciones a derechos fundamentales, respetando los derechos a la intimidad y a la autodeterminación informativa de las víctimas; 4. proporcionar información de dichos registros a personas interesadas y; 5. devolver los documentos que hayan sido proporcionados por las mismas víctimas, cuando lo requieran.
Los comités de víctimas del conflicto armado y las organizaciones de derechos humanos que trabajamos por la memoria histórica y la verdad, justicia y reparación, consideramos que con esta decisión (expedientes 828-2013 y 883-2013) se abre el camino para reconocer los derechos de las víctimas como titulares de sus casos y para proteger los archivos históricos de Tutela Legal del Arzobispado, los que se encuentran en grave vulnerabilidad desde el cierre de esta oficina en 2013.
Se estima que Tutela Legal del Arzobispado, que funcionó como una clínica de derechos humanos que recibía denuncias y las investigaba, guardaba el 80 por ciento de los archivos de graves violaciones de los derechos humanos en la guerra civil (1980-1992), incluidos los documentos sobre el asesinato de Monseñor Oscar Romero y la masacre de "El Mozote", entre otros graves crímenes.
En la guerra civil salvadoreña fueron asesinadas más de 75.000 personas, 8.000 desaparecieron y más de un millón salieron del país en busca de refugio y asilo.
El debate en torno a los archivos de Tutela Legal ejemplifica la deuda del Estado salvadoreño en la custodia y manejo de archivos históricos del conflicto armado, tarea impostergable. En tanto, saludamos la reciente creación de la Asociación por la Verdad y la Menoría Histórica (ASMEMORIA) integrada por víctimas y defensores de derechos humanos, bajo el impulso de la Procuraduría para la Defesa de los Derechos Humanos, con la misión de recuperar la memoria histórica y recopilar y preservar información sobre graves violaciones cometidos durante el conflicto armado.
Por todo lo anterior, pedimos:
- Al Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, el cabal cumplimiento del amparo 828-y883- 2013 para con las víctimas, organizaciones no gubernamentales e instituciones estatales.
- Respetar la labor de verificación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la cual ha sido obstaculizada hasta la fecha por el Arzobispo de San Salvador y cumplir con las medidas cautelares y resoluciones emitidas por dicha institución, en el presente caso.
- A la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dar seguimiento a esta resolución, de lo cual estaremos vigilantes.
Comités de Víctimas:
Comité de Familiares de Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos“Marianella García Villas”. (CODEFAM).
Comité de madres y familiares de detenidos-desaparecidos y asesinados políticos de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero. (CO-MADRES)
Comité de Madres y Familiares Cristianos por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. (COMAFAC)
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD
Tutela Legal “María Julia Hernández”
Centro de Derechos Humanos “Madeleine Lagadec”
Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)