El día de hoy, en el Congreso de la República de Guatemala, estaba programado el inicio de la votación de una serie de propuestas de reforma constitucional en materia de justicia, que incluye temas como el reconocimiento de la jurisdicción indígena (pluralismo jurídico) y los procesos de selección de miembros de altas cortes. Las propuestas a debatir, son el producto de un diálogo nacional que se extendió durante varios meses, y que fue promovido por CICIG y el Ministerio Público guatemalteco. Estas mismas reformas fueron planteadas en la legislatura anterior, a finales del 2016, pero el procedimiento parlamentario quedó estancado.
Lamentablemente, un escenario similar se desarrolló el día de hoy. Los diputados no llegaron a un acuerdo sobre el proceso para considerar las distintas versiones de la enmienda constitucional al artículo 203, respecto al pluralismo jurídico. Algunos decidieron abandonar el pleno por lo que no existió suficuente quórum para continuar la sesión. A parecer, algunos diputados se opusieron a la presencia de miembros de comunidades indígenas en la cámara, y otros reportaron que se estaba circulando nuevas versiones de la enmienda que no se habían discutido antes.
El Congreso de la República no debe continuar defraudando al pueblo guatemalteco, y por ello, debe aprobarse una reforma integral que garantice el acceso igualitario a la justicia, incluso para los pueblos indígenas, y provea a través de procesos meritocráticos de selección una judicatura independiente y ajena a influencias políticas.
DPLF considera que es necesario incorporar el reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico y de la validez de la jurisdicción indígena en un plano equivalente a la jurisdicción ordinaria, siempre que no entre en conflicto con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos o con otras disposiciones de la Constitución. Ello colocaría a Guatemala al nivel de los estándares internacionales, en el que ya se encuentran otros países de las Américas, que han integrado exitosamente los sistemas de justicia indígena en sus respectivos ordenamientos jurídicos.
DPLF también exhorta al Congreso de la República de Guatemala, a aprobar las reformas propuestas a los procesos de selección de miembros de altas cortes. Los procesos de consulta y diálogo nacional ya lograron un consenso alrededor de la necesidad de eliminar el involucramiento de las universidades en los procesos de selección, que en el pasado han contribuido a politizarlos. En ese sentido, resulta preocupante que en la propuesta que actualmente se debatirá en el pleno, se haya buscado reincorporar a estas entidades en el proceso de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad. DPLF invoca al Congreso, a que garantice que todos los procesos de selección, incluyendo el relativo al Consejo de Administración Judicial, se basen en el mérito de los candidatos, y no en mecanismos de lotería o sorteo, tal como se pretende introducir en algunas propuestas.
DPLF y otras organizaciones internacionales vienen monitoreando de cerca el proceso parlamentario de reforma de la Constitución de Guatemala. Invocamos por ello, al Congreso de la República, a que considere cuidadosamente las propuestas, y apruebe finalmente un conjunto de reformas que satisfagan los estándares internacionales y garanticen la justicia para todo el pueblo guatemalteco.