En el marco de la visita in loco que realiza la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Guatemala durante esta semana, las organizaciones internacionales que acompañamos la situación de derechos humanos del país planteamos nuestra profunda preocupación por el debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial.
La CIDH visitó por última vez el país en 2017, y desde el año 2021 ha incluido a Guatemala en el Capítulo IV.B de sus informes anuales debido al deterioro del sistema de justicia y la persecución sistemática y arbitraria en contra de exfuncionarios y funcionarias de justicia, periodistas independientes y personas que defienden los derechos humanos.
En el marco del diálogo con la sociedad civil, expusimos ante la CIDH la situación crítica que enfrenta el sistema de justicia, principalmente por los abusos del Ministerio Público. La fiscal general Consuelo Porras continúa encubriendo los grandes casos de corrupción, y persiguiendo arbitrariamente a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, ex operadores de justicia y personas que trabajaron en la CICIG, como represalia por su trabajo anticorrupción.
Como consecuencia de la criminalización, más de 60 personas continúan en el exilio, todas ellas con procesos penales activos en su contra o en riesgo de criminalización. La semana pasada la exfiscal Virginia Laparra se vio forzada a salir al exilio debido a la persecución sistemática del Ministerio Público y la falta de garantías judiciales para enfrentar un proceso penal justo. La exfiscal Laparra estuvo casi dos años en prisión y fue condenada en dos ocasiones como represalia por su trabajo anticorrupción.
Muchos fiscales y jueces independientes que continúan en el país enfrentan riesgos a su vida e integridad, sufren acoso judicial y ataques en las redes sociales, y enfrentan procesos administrativos o disciplinarios en su contra. Además, la criminalización también se ha extendido a otros funcionarios públicos con la intención de obstruir la gobernabilidad y la democracia.
Esperamos que la CIDH haga un fuerte y urgente llamado al Estado de Guatemala, principalmente al Ministerio Público, para que cese de inmediato la persecución arbitraria contra personas operadoras de justicia y defensoras de derechos humanos. Igualmente esperamos que inste a la Corte de Constitucionalidad para que garantice el desarrollo de la elección de cortes de manera imparcial e independiente, y que cumpla con la obligación de garantizar la protección de los derechos humanos.
Finalmente, solicitamos a la CIDH que establezca urgentemente un mecanismo especial para examinar el problema de la criminalización, y que el Estado genere las condiciones necesarias para que las personas exiliadas puedan regresar al país en condiciones seguras. Además, esperamos que se apruebe e implemente la Política de Protección de Defensores de Derechos Humanos.
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