El acceso de las mujeres a la los sistemas de justicia ha progresado significativamente en las últimas décadas en la región latinoamerica. En algunos países, incluso, poderes judiciales y fiscalías registran una presencia femenina superior a la masculina. No obstante, esto no significa que estos espacios garanticen condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, ni que se respeten los derechos humanos de las mujeres. Diversos estudios e informes especializados dan cuenta de la existencia de las barreras institucionales, estructurales y culturales que ralentizan el desarrollo profesional de las mujeres en las instituciones de justcia.
Los avances que se registran sobre la participación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones son limitados e inestables. Ante este escenario, surge la pregunta: ¿Por qué estos avances han sido modestos, se han producido estancamientos e, incluso, retrocesos? No es posible formular una explicación monocausal de este tipo de fenómenos.
Para profundizar en ello, junto con el grupo Mujeres por la Justicia, el Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en torno a la Desigualdad y Derechos Humanos (DesDeh) de la Universidad Austral de Chile y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, DPLF desarrolló la investigación “La participación de las mujeres en los sistemas de justicia en América Latina”, que sistematiza los hallazgos identificados acerca de las barreras que dificultan el ingreso, el ascenso o la permanencia de las mujeres en los poderes judiciales y fiscalías, algunas buenas prácticas propuestas o implementadas, así como recomendaciones para mejorar las condiciones para el desarrollo profesional de las mujeres en el ámbito de la justicia en condiciones de igualdad.
Este informe se elaboró durante 2021, y rescata las experiencias y opiniones de más de un centenar de juezas, magistradas, exjuezas, exmagistradas, académicas y expertas con un trabajo relevante en esta materia en 10 países de la región.
El documento resalta, entre otros aspectos, el impacto que tiene la distribución desigual de las tareas de cuidado sobre los itinerarios profesionales de las mujeres en los sistemas de justicia, la subsistencia de sesgos, asimetrías y estereotipos de género en los sistemas de carrera judicial y fiscal, el rol de las redes de corrupción la designación de mujeres en altos cargos, la manipulación del discurso de género para el nombramiento de mujeres afines a agendas políticas conservadoras, la violencia política en contra de juezas y magistradas independientes, el acoso sexual y sexista.
Descarga el informe aquí.
