La península de Yucatán es una de las regiones más importantes en materia de diversidad biológica del país. Su reserva acuífera, una de las más importantes del continente, representa uno de los elementos naturales de mayor importancia en la región. Estos recursos hídricos se encuentran concentrados, en su mayor parte, en el subsuelo.
El acuífero de la península de Yucatán (en adelante PY), además de contener y preservar material arqueológico y paleontológico, ha estado estrechamente vinculado con el desarrollo de las comunidades mayas y es un soporte para el sustento económico de los estados que conforman la región, principalmente en actividades primarias y del sector turístico. En consecuencia, el agua subterránea de la PY es un recurso natural de primera necesidad1.
Sin embargo, el tipo de suelo de la región (denominado kárstico), tiene una nula o poco eficiente atenuación de contaminantes que generan una mayor vulnerabilidad del acuífero a la contaminación, principalmente de desechos generados por las actividades humanas que no están debidamente planificadas en la superficie del terreno y/o se disponen inadecuadamente2.
En esa línea, la reserva hídrica de la PY se encuentra en riesgo debido a la implementación de diversos megaproyectos que afectan al agua. Numerosas investigaciones demuestran cómo esos megaproyectos, que han proliferado debido a la aquiescencia de las autoridades encargadas de verificar y garantizar el cumplimiento de los estándares mínimos de protección del derecho al agua y el medioambiente sano, impactan de manera importante el manto freático. Es importante señalar, que muchas de esas afectaciones se están generando en territorio de comunidades mayas, con lo cual además del componente ambiental, existe también una afectación a la integridad cultural y la libre determinación de esas comunidades.
En ese sentido, resulta complejo determinar el nivel y alcance de la contaminación generada por las diversas actividades industriales que producen riesgos potenciales para el manto acuífero. Por eso este informe se enfoca en determinar cuáles son las responsabilidades de las autoridades de los diversos niveles de gobierno que derivan del principio precautorio, figura que debe ser aplicada en el caso del manto acuífero de la península de Yucatán.
