Siguiendo con su activo involucramiento en el proceso de reforma de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en diciembre pasado DPLF participó en las sesiones extraordinarias convocadas por el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Constituyó un nuevo espacio más de diálogo y participación entre los Estados miembros de la OEA y las organizaciones de la sociedad civil y otros actores y usuarios del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
Viajaron hasta Washington numerosas organizaciones de América Latina. A diferencia de otras ocasiones, en esta oportunidad el encuentro se vio signado por la presencia de víctimas o familiares de víctimas que se han beneficiado del SIDH, quienes dieron testimonio ante los representantes de los Estados miembros de la OEA sobre cómo los órganos del Sistema jugaron un rol crucial en la protección de sus derechos. En representación de DPLF estuvo Katya Salazar, Directora Ejecutiva, quien participó en dos paneles. En el primer panel Katya abordó el tema de los desafíos de la CIDH a mediano y largo plazo y durante el segundo se refirió a la facultad de la CIDH de adoptar medidas cautelares. También hubo paneles en los que las organizaciones de la sociedad civil expusieron ante los Estados sus sugerencias sobre el capítulo IV del informe anual, el funcionamiento de las relatorías especiales y el presupuesto del Sistema, entre otros.
En su presentación durante el primer panel, DPLF aplaudió el hecho de que los Estados hayan incorporado a la discusión el tema de la universalidad del SIDH así como la decisión de la CIDH de realizar un informe sobre el impacto de la no universalidad en el funcionamiento del sistema. Advirtió sin embargo sobre la imperante necesidad de debatir respecto de la reciente renuncia de Venezuela a la competencia de la Corte ocurrida en pleno proceso de reflexión sobre el fortalecimiento del SIDH. Un tema sobre el cual, según DPLF, poco o nada se ha debatido en el seno de la OEA desde que Venezuela dio a conocer esta decisión denunciando la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Otro de los temas que DPLF abordó fue la falta de propuestas por parte de los Estados sobre prácticas o mecanismos tendientes a mejorar el nivel de cumplimiento de las decisiones de la CIDH y las sentencias de la Corte. El panel de medidas cautelares fue uno de los que más captó la atención de la audiencia, dado que en este proceso, la utilización de este mecanismo ha sido objeto de amplio debate entre Estados, sociedad civil y CIDH. Al respecto, DPLF admitió la legítima necesidad -tanto de Estados como de víctimas y CIDH- de debatir sobre la aplicación y alcance de las medidas cautelares y opinó que consideraba apropiada la propuesta de reforma de reglamento presentada por la CIDH, en la que se aborda este tema que ha despertado más de una controversia.
Estas sesiones extraordinarias del Consejo Permanente se realizaron para brindar un nuevo espacio de diálogo y participación entre representantes de la sociedad civil, otros usuarios del SIDH y los Estados de la OEA referido a la aplicación de las recomendaciones del Informe del Grupo de Trabajo Especial de Reflexión sobre el Funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.