Las elecciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben tomar en cuenta los estándares internacionales
México atraviesa una grave crisis en materia de derechos humanos, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene un papel fundamental para garantizar la vigencia del Estado Democrático de Derechos y una plena vigencia de los derechos humanos. Es el máximo órgano de justicia de la Federación, así como la cabeza del Poder Judicial de la Federación. Los procesos de corrupción e impunidad que se viven actualmente pueden ser aminorados a través de sentencias que cumplen la promoción, defensa, garantía y protección de los derechos humanos y el seguimiento en el cumplimiento de las mismas. En las semanas que vienen, se está por llenar una vacante en la SCJN, y la Corte elegirá a un nuevo o una nueva Presidenta.
Es fundamental para la justicia mexicana que la SCJN sea integrada solamente por las y los profesionales más capaces, íntegros e idóneos. La única manera para garantizar esto es a través de procedimientos públicos, transparentes y participativos de selección, que estén basados en una rigurosa evaluación del perfil de quienes postulan como lo especifican estándares internacionales establecidos por el Sistema de Naciones Unidas así como por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las organizaciones abajo firmantes llaman al Estado mexicano a respetar estos estándares.
Los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la Judicatura, establecen en su principio 10 que “las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos. En la selección de los jueces, no se hará discriminación alguna...”
El sistema interamericano ha abordado la selección de jueces y magistrados a través de varios informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) - más recientemente, a través del informe “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas”, publicado en el 2013- y la Corte Interamericana se ha pronunciado sobre el tema en diversas sentencias (por ejemplo, en los casos Tribunal Constitucional vs. Perú, Reverón Trujillo vs. Venezuela, y Chocrón Chocrón vs, Venezuela).
En su reciente informe “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que los estándares interamericanos aplicables a procesos de selección de magistradas y magistrados son: garantizar la igualdad de condiciones y no-discriminación de las y los postulantes, lo cual incluye procurar que haya diversidad de género y etnias en las cortes; hacer una selección con base en el mérito y las capacidades, tomando en cuenta las especificidades de la función a desempeñarse; procurar que haya publicidad, claridad y transparencia en todas las etapas del proceso para garantizar la participación del público, y celebrar audiencias o entrevistas públicas con las y los candidatos; garantizar un período de duración en el nombramiento definido y suficiente; garantizar que la intervención de órganos políticos en el proceso de selección y nombramiento no afecte la independencia judicial.
Por lo anterior, las organizaciones firmantes consideramos que el estado mexicano debe tomar las siguientes acciones en cuanto al proceso de selección de nuevos(as) integrantes de la SCJN:
- Publicar previamente una convocatoria con un perfil claro y detallado con las características que se consideran imprescindibles para ser ministro(a) de la SCJN: independencia e imparcialidad[1]; honorabilidad[2] y una historia de conducta intachable; conocimiento legal importante; habilidad en argumentación jurídica; compromiso con la independencia, imparcialidad y autonomía de la institucionalidad del poder judicial; compromiso con la protección de los derechos humanos, los valores democráticos y la transparencia; capacidad para entender las consecuencias sociales y jurídicas de las decisiones tomadas; capacidad para mantener un balance adecuado entre mantener un alto ritmo de productividad, la calidad de la decisión jurídica, y la profundidad de la consideración del caso.
- Establecer y comunicar clara y ampliamente cuál será el papel de la Presidencia de la República, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Senado de la República para la recepción de las postulaciones y la evaluación de los antecedentes de las y los candidatos, cuáles son sus respectivas facultades, y cómo se garantiza la autonomía e independencia de los poderes.
- Establecer y comunicar claramente y ampliamente de qué manera los órganos responsables evaluarán en qué medida las y los candidatos cumplen con el perfil establecido y tener un procedimiento previamente establecido y conocido por las y los participantes, así como por la ciudadanía.
- Establecer y comunicar claramente y ampliamente cuáles medidas se tomarán para garantizar la transparencia en los procesos de selección. Entre ellos deben estar, por ejemplo, la motivación de la selección de los candidatos para la composición de la terna así como para su elección al puesto de Ministro de la máxima Corte. También incluye subir la información curricular de todos los y las postulantes a una página web, y la celebración de entrevistas públicas con las y los candidatos.
- Establecer y comunicar claramente y ampliamente cómo se posibilitará la participación de la sociedad civil en el proceso de selección. Esto debe incluir, por ejemplo, poder hacer llegar preguntas para las y los candidatos, y la posibilidad de presentar tachas en contra de candidatas y candidatos, que deben ser debidamente investigadas.
- Garantizar que en el proceso de selección, los órganos responsables procuren que haya diversidad en la composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En cuanto a la elección de un(a) nuevo(a) Presidente de la SCJN, las personas y organizaciones firmantes consideramos que es de la mayor importancia que:
- La SCJN cumpla con las normas de transparencia en comunicar clara y ampliamente cuál es el procedimiento a seguir en la elección de un nuevo o una nueva Presidente de la Corte, así como el programa de trabajo que haya sido presentado por los candidatos y las candidatas, y si en este programa se ha considerado la continuidad que se dará a los programas de género y de derechos humanos impulsados por la actual presidencia
- Se celebre entrevistas públicas con las y los candidatos, en las que ellos y ellas presenten su programa y plan de trabajo, así como su trayectoria de trabajo, a fin de que los ministros y ministras cuenten con elementos objeticos para la elección de su presidente o presidenta.
En atención a esto, las personas y organizaciones firmantes solicitamos se cumplan mínimamente estas reglas tanto para la elección de la nueva/o integrante de la SCJN y para la designación de su Presidente y a la brevedad se transparenten los perfiles, procedimientos y demás información que permita tener una elección transparente para la sociedad. De no cuidarse a cabalidad el proceso, la SCJN estará abonando al clima de impunidad y desconfianza hacia las instituciones del Estado.
Ciudad de México, 16 de diciembre de 2014
Firman:
Miguel Sarre, profesor del ITAM
Artículo 19
Casa del Migrante de Saltillo
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria A.C.
Centro de Derechos Humanos para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C.
Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi A.C
Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos
Colectivo Migraciones para las Américas
Instituo Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.
Fundación para el Debido Proceso
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
FUNDAR, Centro de análisis e investigación
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 74 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)
Serapaz
SMR Scalabrinianas: misión para Migrantes y Refugiados
[1] En este sentido es importante que un postulante no tenga afiliaciones políticas y/o económicas que puedan llevar a dudar de su independencia. Para examinar y evaluar estos antecedentes personales es fundamental que él o la postulante presente una declaración jurada que contenga un listado exhaustivo de quiénes han sido y son sus clientes, sus contrapartes laborales y profesionales, y las sociedades comerciales y profesionales en las que participa o ha participado. Vid: DPLF; Lineamientos para una selección de integrantes de altas cortes de carácter transparente y basada en los méritos. Vid en: www.dplf.org
[2] En este punto es importante conocer sus antecedentes laborales. Las observaciones de la ciudadanía deben ser estudiadas. Ibid.