El Informe sobre el impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá es el resultado de casi tres años de investigación realizada por siete organizaciones de la sociedad civil con sede en Chile, Colombia, Estados Unidos, Honduras, México y Perú. Sus conclusiones se nutren de insumos provenientes de organizaciones que trabajan directamente con las comunidades y personas afectadas por la minería a gran escala en América Latina, así como de contribuciones de expertos vinculados a facultades de derecho de Estados Unidos y Canadá. A través del estudio de 22 proyectos mineros llevados a cabo por empresas canadienses en nueve países de la región, se pudo determinar un patrón de afectaciones a los derechos humanos relacionados con actividades extractivas a gran escala.
Las organizaciones que participaron de la redacción del informe vienen realizando foros de discusión y actividades de difusión en Canadá y en los países donde se encuentran los proyectos examinados. El 3 de abril de 2014 el informe fue formalmente entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y desde entonces se han sostenido reuniones con representantes de las Embajadas de Canadá en la región. Vea el Resumen Ejecutivo del Informe aquí.
El lanzamiento del informe se da en un contexto de alta conflictividad social en América Latina relacionada con la extracción de recursos naturales, en el cual las comunidades afectadas en sus derechos siguen sin encontrar una respuesta adecuada en sus Estados. Marcos regulatorios deficientes y en muchos casos contradictorios, incumplimiento estatal de obligaciones internacionales y la ausencia de un efectivo acceso a la justicia en los países donde se desarrollan los proyectos mineros deberían encontrar en Canadá (de donde proviene más del 50% de la inversión minera en América Latina) un adecuado contrapeso.
El informe identifica políticas y prácticas del Estado canadiense dirigidas a fomentar la expansión de sus empresas mineras sin que estén acompañadas de medidas efectivas de prevención y mitigación de posibles afectaciones a derechos humanos ocurridas en el marco de sus actividades. A pesar de la magnitud de la inversión minera canadiense en el exterior, no existen mecanismos adecuados de acceso a la justicia en Canadá que respondan a estas posibles afectaciones. Es esencial que el importante apoyo político, económico y diplomático que el Estado canadiense brinda a sus compañías mineras en el exterior esté acompañado de ciertas condiciones, tal como grupos de la sociedad civil canadiense y la academia vienen promoviendo desde hace varios años.
Entre las principales propuestas de las organizaciones que participaron de la elaboración del informe se encuentra el rediseño de los mecanismos de responsabilidad nacional e internacional de las empresas siendo crucial que la CIDH incorpore en sus análisis sobre violaciones de derechos humanos la responsabilidad extraterritorial de los Estados de origen de las empresas extractivas.