En América Latina se ha ido introduciendo progresivamente el mecanismo de los concursos públicos para acceder a cargos como el de fiscal general, miembro de la corte suprema y defensor público general. El objetivo del mecanismo de concurso público es distanciar la designación de tan importantes cargos de lo que en el pasado fue una decisión simplemente política.
Este propósito obedece a la comprensión de que tales cargos requieren de independencia e imparcialidad para ser desempeñados a cabalidad; esto es, no puede nombrarse a tan altos responsables en un acto de favor a ser devuelto a quien lo otorga sino como la designación para una seria responsabilidad con la sociedad a la que se sirve.
En el proceso del concurso público, un instrumento frecuentemente utilizado es la entrevista personal del candidato. Usualmente, la entrevista corresponde a la fase final del proceso, cuando el candidato o la candidata ya ha demostrado satisfactoriamente, primero, que reúne los requisitos formales para el cargo –nacionalidad, edad, años de trabajo profesional, etcétera– y, segundo, que tiene los conocimientos jurídicos indispensables para desempeñar la función a la que postula.
En ese momento del proceso, la entrevista constituye un instrumento clave de evaluación que debe permitir a la comisión o el tribunal de evaluación establecer no que el candidato o la candidata reúne el mínimo de requisitos sino que ostenta las mejores cualidades para ser propuesto o designado para el cargo. Éste es el concepto que preside la función de la entrevista en el proceso de selección: escoger a quienes son probadamente los mejores.
