Durante el 2013, diversos juicios por crímenes cometidos durante las dictaduras en América Latina nos mostraron, por un lado, que la investigación y sanción de estos hechos es aún hoy una tarea pendiente en la región, y por otro, que las cortes nacionales se han convertido en los nuevos protagonistas de la lucha contra la impunidad. Sin dejar de reconocer el papel central de las víctimas y las organizaciones que las acompañan, la condena por genocidio contra Efraín Ríos Montt en Guatemala o las decisiones en los casos de las ejecuciones extrajudiciales de Barrios Altos y La Cantuta en Perú, nos muestran que, entre luces y sombras, fiscales y jueces están dispuestos a fallar con independencia y a usar el derecho internacional de forma complementaria con el derecho interno para dar respuesta a los problemas jurídicos que la investigación y sanción de este tipo de crímenes plantea.
A fin de visibilizar esta evolución de los sistemas judiciales frente a graves crímenes del pasado, DPLF llevó a cabo durante los últimos dos años una nueva investigación sobre la jurisprudencia latinoamericana. El producto es el Volumen II del Digesto de jurisprudencia latinoamericana sobre crímenes de derecho internacional, donde se analizan nuevos fallos emblemáticos, destacando los debates que se han dado desde el ámbito constitucional hasta el penal y resaltando las innovadoras alternativas legales que han surgido para lidiar con retos importantes, como el paso del tiempo para la recolección de evidencia y el elevado número de víctimas. La autora de esta obra, la profesora Ximena Medellín, comparte sus reflexiones al respecto en esta edición de la revista.
Como veremos en esta número, los procesos judiciales por hechos del pasado no muestran el mismo nivel de avance en todos los países, y en algunos presentan retrocesos importantes. A través de sus artículos, reconocidos expertos de la región nos ofrecen un recorrido desde Guatemala hasta Argentina, dando cuenta de los desafíos que aún presenta la justicia transicional. Entre ellos, Naomi Roht-Arriaza, profesora de derecho de la Universidad de California Hastings College of the Law y presidenta del Consejo Directivo de DPLF nos habla del impacto del juicio contra Ríos Montt; Juan Pablo Albán, profesor de la Universidad San Francisco de Quito, comenta sobre los esfuerzos por judicializar los casos de la Comisión de la Verdad de Ecuador; Leonardo Hidaka reseña los problemas que enfrentan los juicios de la dictadura en Brasil; Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, de Perú, analiza el significado del juicio contra los autores de la masacre de Barrios Altos; y Gastón Chillier junto a Lorena Balardini, del Centro de Estudio Legales y Sociales, comparten los recientes avances en Argentina respecto de los delitos sexuales cometidos durante la dictadura. En relación a Colombia, único país con un conflicto armado vigente en América Latina, incluimos artículos que abordan desde distintas perspectivas los alcances y posibles límites al deber de juzgar graves violaciones a derechos humanos en el marco de un eventual proceso de paz.
Los procesos analizados en esta edición de la revista, pese a presentar inconsistencias y a estar insertos en debilidades estructurales de las instituciones nacionales, son destacables por diversas razones, entre otras, porque hoy en día representan un ejemplo para otras regiones del mundo que enfrentan transiciones de regímenes antidemocráticos, y que están discutiendo sobre el rol de la justicia nacional en la persecusión y sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Esperamos que estas reflexiones sean de utilidad y como siempre, agradecemos cualquier comentario.
