El presente artículo, sin pretender agotar la discusión ni considerar todos los aspectos relacionados con la Ley 26.855 del Consejo de la Magistratura de 2013 en Argentina, que cristalizó la propuesta de reforma del Ejecutivo Nacional, dentro del marco de lo que se ha denominado la democratización de la justicia, analiza por un lado los aspectos más controversiales de esta ley y, por el otro, los argumentos utilizados por la Corte Suprema para declarar la inconstitucionalidad de parte de su articulado.
Para ello, en la primera sección se abordará el Consejo de la Magistratura y la ley que lo regula. La segunda tratará sobre los aspectos más controversiales contenidos en la Ley 26.855 de 2013. La tercera sección aborda la sentencia de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ciertos artículos de la Ley 26.855; se concluye en que es de suma importancia, para garantizar el respeto de la Constitución, de los derechos de las personas y del Estado de derecho, contar con un poder judicial independiente, capaz de servir de árbitro de las controversias que surgen con motivo al ejercicio del poder.