Las organizaciones abajo firmantes expresamos profunda preocupación por los esfuerzos continuos del gobierno venezolano para reanudar y avanzar en la aprobación del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines. Este proyecto fue presentado e inicialmente aprobado por el partido gobernante en la Asamblea Nacional el 24 de enero de 2023. El texto del proyecto contradice normas y estándares internacionales de derechos humanos y representa una grave amenaza para el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil (OSC).
El 9 de enero de 2024 se reanudaron los esfuerzos para aprobar esta ley, con el anuncio por parte del Presidente de la Asamblea Nacional, de llevar a cabo una consulta pública sobre el contenido del proyecto de ley, con el objetivo de facilitar una segunda discusión que conduzca a su aprobación final.
En caso de ser promulgada, esta ley tendría el efecto de obstaculizar la libertad de asociación y el accionar libre e independiente de las organizaciones de la sociedad civil, al obligarlas a buscar autorización del gobierno para su funcionamiento y revelar cualquier financiamiento extranjero. El lenguaje vago y ambiguo en el borrador actual del proyecto de ley genera alertas frente a una persecución intensificada contra personas defensoras de derechos humanos, con posibles multas, cancelaciones de registro e incluso cargos criminales. El énfasis explícito de la ley en el financiamiento extranjero y la designación de las ONG como 'agentes extranjeros' agrava aún más sus preocupantes características.
Este no es el primer esfuerzo por parte del Estado de adelantar esfuerzos legales o administrativos para limitar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Así, independientemente de la aprobación final de esta ley, la sola existencia de este tipo de propuestas legislativas representa una amenaza, tiene un efecto intimidatorio sobre la sociedad civil y constituye una forma de control, todo lo cual va en contra de la obligación estatal de asegurar un entorno propicio para la defensa de los derechos y los valores democráticos.
A medida que Venezuela avanza en un año crucial para la investigación en la Corte Penal Internacional, las limitaciones impuestas a las ONG pueden dificultar su capacidad para recopilar información esencial para la investigación en curso y, en última instancia, dificultar la búsqueda de justicia por crímenes de lesa humanidad. Además, conforme el país se acerca a las elecciones presidenciales de este año, así como a las elecciones legislativas y regionales en 2025, la temporalidad de este proyecto de ley suscita preocupaciones sobre posibles aumentos en la represión gubernamental, situaciones que son tradicionalmente monitoreadas por las organizaciones de la sociedad civil.
Llamamos a la comunidad internacional a condenar tanto el proyecto de ley propuesto como los esfuerzos continuos del gobierno venezolano para hostigar a las organizaciones de la sociedad civil en el país. Les instamos a solidarizarse con las personas defensoras de derechos humanos en Venezuela que enfrentan una criminalización y persecución constantes. Finalmente, instamos al gobierno venezolano a cesar cualquier forma de hostigamiento contra las organizaciones de la sociedad civil y a cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos para garantizar un entorno propicio para las personas defensoras de derechos humanos.
- Robert F. Kennedy Human Rights
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Human Rights Watch
- Oficina de Washington para Asuntos de América Latina (WOLA)
- Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
- Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos
- Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
