Las organizaciones internacionales firmantes, dedicadas a la promoción y defensa del Estado de Derecho y los derechos humanos en América Latina, expresamos nuestra condena al uso reiterado e indebido de mecanismos jurídicos por parte del Congreso peruano para atacar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el Perú, con el objeto de debilitar esta institución. Desde mayo de 2023, el Congreso viene promoviendo acusaciones constitucionales para remover e inhabilitar a todos los miembros de la JNJ, lo que constituye un ataque institucional que afecta el orden democrático, en los términos de la Carta Democrática Interamericana suscrita por el Perú:
1. La independencia judicial es crucial para la defensa efectiva de los derechos humanos y un elemento integral de la separación de poderes y del sistema democrático. Todas las entidades gubernamentales están obligadas a respetar esa independencia.
2. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) es un órgano autónomo creado por una reforma constitucional sometida a referéndum en diciembre del 2018 y que contó con el respaldo del 87% de la ciudadanía. La JNJ constituyó la respuesta institucional y democrática ante los graves escándalos de corrupción que envolvieron al extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y que afectaron gravemente la confianza ciudadana en la independencia del sistema de justicia en el país.
3. La JNJ es un órgano fundamental para la defensa de la independencia judicial y el Estado de Derecho en el Perú, pues la Constitución le atribuye las facultades de designación, evaluación, ratificación y destitución de todos los jueces y fiscales del país, incluyendo a los fiscales y jueces supremos. Adicionalmente, la JNJ tiene la competencia especial de revisar la validez de las decisiones irregulares adoptadas por el extinto CNM, al cual reemplazó.
4. En el ejercicio de estas atribuciones constitucionales, la JNJ viene investigando disciplinariamente a la actual Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por presuntas actuaciones funcionales graves en las que habría incurrido, y que podrían culminar con su destitución. Estas actuaciones incluyen la presunta utilización del cargo para incidir en investigaciones que involucran a miembros de su entorno familiar. Por su parte, existen investigaciones fiscales en curso que involucran a un grupo importante de congresistas, y que dependen finalmente de la Fiscal de la Nación.
5. A la fecha, miembros del Congreso vienen promoviendo indebidamente mecanismos jurídicos para debilitar a la JNJ. Han promovido cuatro denuncias constitucionales que buscan destituir a los miembros de la JNJ e inhabilitarlos para la función pública por diez años. Estas denuncias han dado lugar a sendos procedimientos parlamentarios de acusación constitucional, que vienen tramitándose en los plazos y con las etapas previstas en el reglamento del Congreso peruano.
6. Sin embargo, recientemente, el pleno del Congreso ha activado un procedimiento para remover de sus cargos a los siete (7) integrantes de la JNJ de manera sumaria. Se ha aprobado encargar a la Comisión de Justicia una investigación sumaria por falta grave, alegándose los mismos hechos que ya fueron planteados en las denuncias constitucionales, con la clara intención política de destituirles sin respetar las garantías del debido proceso. Al respecto, la JNJ ha denunciado que las imputaciones que han motivado esta decisión del Parlamento son “falaces y carentes incluso de los más leves indicios de falta alguna”.
7. Expresamos nuestra enérgica condena a estos reiterados ataques contra la institucionalidad de la JNJ, incluyendo este reciente intento de remoción masiva, sumaria y arbitraria de sus integrantes que, de perpetuarse constituirá un golpe parlamentario a la institucionalidad democrática, al equilibrio de poderes y a la independencia judicial en el Perú. Consideramos que estos hechos son de máxima gravedad, y configuran un riesgo de quiebre del orden constitucional con efectos sobre el régimen democrático. El reciente ejemplo de Guatemala ya ha mostrado los efectos nocivos de usar indebidamente mecanismos jurídicos para atacar a la justicia y desactivar órganos de control, lo que no debe repetirse.
8. Exhortamos al Congreso a detener este ataque institucional a la Junta Nacional de Justicia y a respetar las garantías del debido proceso y la estabilidad reforzada de que gozan sus integrantes, por su calidad de altos funcionarios del sistema de justicia. Asimismo, exhortamos a las autoridades peruanas a rechazar públicamente estos hechos.
9. Finalmente, solicitamos al Secretario General de la Organización de Estados Americanos, a considerar estos hechos, así como otros recientes ataques similares al sistema de justicia electoral, como elementos para reactivar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al Perú, al tratarse de acciones parlamentarias que alteran el orden constitucional que afectan gravemente el orden democrático.
Organizaciones firmantes:
- Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
- Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
- RFK Human Rights
- Human Rights Watch
- Comisión Internacional de Juristas (CIJ)
- Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
- Observatorio Derechos y Justicia (ODJ)
- Fundación Construir
Washington D.C y América Latina 8 de septiembre del 2023
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