El caso Gutiérrez Navas y Otros vs. Honduras se relaciona con la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras por el Congreso Nacional el 12 de diciembre de 2012. La acción se dio luego que la Corte –por mayoría de votos– declaró inconstitucional la Ley Especial de Depuración Policial, a la cual el Congreso Nacional señaló que “no era congruente con la política de seguridad” del Estado.
Poco después de esta remoción, el 5 de abril de 2013, el Congreso Nacional aprobó el Decreto 51-2013, Ley Especial de Juicio Político, que reguló este procedimiento de responsabilidad funcional para los altos funcionarios del Estado hondureño, incluyendo a sus altas autoridades del sistema de justicia.
Este amicus curiae, presentado conjuntamente por DPLF y la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University Washington College of Law, desarrolla los estándares internacionales sobre independencia judicial aplicables a los juicios políticos contra altas autoridades del sistema de justicia y, a partir de ellos, analiza la Ley Especial de Juicio Político hondureña.
Además, este escrito busca aportar elementos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que valore pronunciarse expresamente sobre esta Ley, y sobre la obligación de modificarla o reformarla, estableciendo medidas de reparación en este caso que busquen evitar que estas violaciones vuelvan a repetirse en el futuro.
