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Las organizaciones internacionales que suscribimos el presente pronunciamiento alzamos la voz de alarma ante el avance del proceso de antejuicio contra el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B de Guatemala. Así mismo condenamos las amenazas y los ataques en su contra por parte de la Fundación contra el Terrorismo y grupos de exmilitares que buscan impunidad por los crímenes atroces que se cometieron durante el conflicto armado interno.
El juez Gálvez tiene una trayectoria de más de 20 años en el Organismo Judicial y ha conocido algunos de los casos de corrupción y crímenes de lesa humanidad más relevantes del país. El hostigamiento penal en su contra viola los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de las Naciones Unidas, los cuales garantizan la inmunidad de los jueces por acciones legítimas realizadas en el ejercicio de sus funciones judiciales.
El antejuicio contra el juez Gálvez se basa en una denuncia penal presentada por la Fundación contra el Terrorismo por los supuestos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y detenciones ilegales, presuntamente por haber ordenado la “prisión provisional” de personas implicadas en casos de corrupción, excediendo los plazos establecidos en la ley. La denuncia se basa en hechos falsos y carecen de fundamento, pues no solo hace referencia a personas cuyos procesos jamás estuvieron a cargo del juez, sino que además no se adjunta ninguna evidencia documental para sustentarla, como lo exige la ley. Además, la normativa aplicable requiere que la denuncia sea presentada por quien le consten directamente los hechos, y la Fundación contra el casos denunciados.
Pese a estas graves deficiencias, que evidencian el carácter espurio de la denuncia, la Corte Suprema de Justicia dio trámite al antejuicio y nombró como pesquisidor al magistrado Roaldo Chávez, quien citó al juez Gálvez para este viernes 4 de noviembre para presentar sus pruebas de descargo. Sin embargo, existen dudas sobre la imparcialidad del pesquisidor porque es excompañero de estudios del abogado Raúl Falla de la Fundación contra el Terrorismo.
El juez Gálvez cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el año 2016 y con medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de julio de este año. La Corte IDH ordenó al Estado de Guatemala reforzar las medidas de seguridad del juez, proteger su independencia judicial y garantizar justicia a las familias de las víctimas del Caso Diario Militar. Sin embargo, el Estado de Guatemala sigue sin acatar dichas medidas, ni investigar el origen de las amenazas para procesar a los responsables, además de permitir que continúen las diligencias de antejuicio en contra del juez.
Por tal razón, solicitamos a la Corte Suprema de Justicia de Guatemala cumplir con la resolución de la Corte Interamericana y cesar la persecución en contra del juez Gálvez, reforzar las medidas de seguridad para el juez y su familia, y asumir la responsabilidad de proteger la independencia de los jueces y las juezas frente a los ataques de personas y grupos que solamente buscan socavar la justicia.
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