Descargar comunicado completo aquí.
Las organizaciones internacionales que contribuimos a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en Guatemala condenamos la reciente decisión de la fiscal general, María Consuelo Porras, de destituir arbitrariamente a 8 fiscales de carrera y 11 trabajadores del Ministerio Público (MP).
Entre las fiscales destituidas se encuentran Hilda Pineda, Wendy Ordóñez, Sara Romero, Eleonora Castillo, Elka Huitz y Sara Sandoval quienes investigaron casos emblemáticos de graves violaciones a derechos humanos y de gran corrupción, y desarrollaron sus funciones con responsabilidad, imparcialidad y valentía. Con su destitución se pone en peligro la continuidad de investigaciones de casos relevantes a nivel nacional, y se corre el riesgo de que personas no idóneas ocupen sus cargos, nombradas sin cumplir con los requisitos que establece la carrera fiscal. Además, se abre la posibilidad de que redes ilegales penetren fiscalías de sección y regionales del Ministerio Público.
La fiscal general continúa destituyendo arbitrariamente a fiscales de carrera y vulnerando el principio de autonomía que garantiza estabilidad en el cargo. De acuerdo con la Ley Orgánica del Ministerio Público, para destituir a fiscales de carrera se debe seguir un procedimiento disciplinario justo con todas las garantías, en el que se demuestre que se ha cometido una falta grave, como lo establece el artículo 63 de dicha ley, y no se pueden justificar con base disposiciones reglamentarias que violan los derechos laborales establecidos en la Constitución y los estándares internacionales.
Estas disposiciones también violan el derecho internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática en señalar que los fiscales gozan de la garantía de estabilidad reforzada, y que la separación del cargo de un fiscal debe obedecer exclusivamente a causales permitidas, faltas de disciplina graves, o incompetencia y que se requiere de procedimiento previo justo, objetivo e imparcial.
Lamentamos que la fiscal general siga debilitando el MP y continúe con su política de acoso y persecución en contra de operadores de justicia independientes. Hasta la fecha han tenido que salir al exilio más de 20 fiscales por temor a ser perseguidos de manera arbitraria, y la exfiscal Virginia Laparra lleva en prisión más de cinco meses como represalia por haber denunciado a una red de corrupción judicial en Quetzaltenango.
Es necesario que se respete la carrera fiscal y la autonomía de los fiscales. Hacemos un llamado para que el Estado de Guatemala cumpla las recomendaciones del informe de la CIDH del 2021 con relación a la independencia judicial y los operadores de justicia. La CIDH recomendó adoptar medidas para garantizar que los operadores de justicia realicen sus labores de manera imparcial e independiente, en respeto al principio de separación de los poderes y libre de toda amenaza o presión. Además, recomendó proteger a las y los operadores de justicia frente a ataques, actos de intimidación, amenazas y hostigamientos, investigando a quienes cometen violaciones contra sus derechos y sancionándolos efectivamente.
Descargar comunicado completo aquí.
