La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, como articulación integrada por 17 instituciones de la sociedad civil, viene desarrollando un proceso de veeduría ciudadana a la convocatoria y designación de la nueva autoridad para a Defensoría del Pueblo en Bolivia, que inició formalmente el 17 de marzo de 2022 y se extenderá hasta el próximo 6 de mayo cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de dos tercios de votos, designe a la nueva autoridad. El presente informe tiene por objetivo describir los resultados del proceso de veeduría ciudadana desarrollado durante las seis primeras fases de la convocatoria, en relación a las condiciones de transparencia, equidad y calificación basada en méritos.
Ahora corresponde que la nueva autoridad que sea designada por la Asamblea legislativa Plurinacional como Defensor o Defensora del Pueblo goce de las competencias, legitimidad e independencia institucional necesaria para asumir el rol de promoción y protección de los derechos humanos en el país, más aún en el actual contexto en el que se ha instalado una Mesa Nacional de Seguimiento que, en coordinación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tendrá la misión de implementar las recomendaciones del “Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019” del GIEI Bolivia; y, al mismo tiempo, a partir de la Ley N° 1397 de 2021, en que el Servicio de Prevención de la Tortura – SEPRET pasó a depender de la Defensoría. En suma, estos hechos representan desafíos trascendentales para que Bolivia allane al camino hacia la reconciliación, la memoria y la justicia.
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